El analista de lujo de la Industria del Juego, Eduardo Morales, ha valorado ofrecida ayer en InfoPlay que daba cuenta de la iniciativa del gobierno de Gibraltar al llevar la Ley del Juego británica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta es su valoración:
El gobierno de Gibraltar ha recurrido la ley que en el Reino Unido cambiaba el régimen de licencias de juego online obligando a todos los operadores a pagar los impuestos de juego basado en el lugar donde se encuentra el cliente, o impuesto sobre el punto de con sumo, por lo que empresas con base en Gibraltar están obligadas a pagar impuestos en el Reino Unido cuando hacen su oferta a clientes que residen allí.
Este impuesto es del 15% sobre GGR o ingresos brutos de juego, cantidades jugadas menos premios, y naturalmente hasta Diciembre 2014 que es cuando entro en vigor esta nueva ley las empresas con base en Gibraltar u otras jurisdicciones de la lista blanca de la Comisión del Juego del Reino Unido no estaban obligadas a pagar impuestos en UK.
Ahora se trata de igual a que las empresas sin perjuicio de donde tengan su base o licencia de origen están definitivamente obligadas a pagar los impuestos en base al punto de consumo por su negocio o ingresos generados por consumidores del Reino Unido.
Gibraltar tendría su jurisdicción desde un punto de vista de otorgamiento de licencias pero los operadores que venden su producto a residentes del Reino Unido han de pagar los impuestos por sus ingresos provenientes de estos clientes en el país donde se hace el gasto: el Reino Unido.
La ley entró en vigor en diciembre de 2014, y además de la exigencia de esta nueva fiscalidad también impuso obligaciones de registrarse y obtener licencia en UK, someterse a los controles de la Comisión del Juego del Reino Unido respecto de la homologación de la tecnología y sistemas de gestión de su oferta de juego, salir de mercados grises o no regulados con un límite máximo del 3% de negocio fuera de la regulación y todos los operadores han cumplido si quieren operar en el Reino Unido.
Gibraltar no se resignó y recurrió porque el riesgo esta que si los operadores británicos no tienen ventajas fiscales para estar en Gibraltar se plantearían trasladar sus sedes, empleados y departamentos que tienen en Gibraltar al Reino Unido, aunque esto no se ha producido de manera masiva y solo en casos puntuales.
La cuestión estaría en la pérdida de ingresos del gobierno de Gibraltar si se produjera este movimiento.
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