A continuación presentamos una de las últimas columnas de opinión publicada por el Club de Convergentes y que en este caso lleva la firma de Cristina García, Secretaria de la Asociación. Se trata de un meditado texto donde analiza la LGUM. LEAN....
Después de haber asistido ayer y hoy, en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a un Congreso sobre “cuestiones actuales de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado”, me animo a compartir una serie de reflexiones sobre la LGUM, que tan debatida y comentada está siendo por parte de nuestra Industria y nuestros Reguladores.
Coincidían los ponentes en que nos encontramos ante una “supraley” que tiene un recorrido aún enorme, que debe reposar y seguir asentándose, hasta conseguir filtrar sus principios en las actuaciones de las diferentes Administraciones. Efectivamente, se trata de una norma que marca una serie de principios básicos que se encuadran en la tendencia actual, de tintes europeos, hacia la denominada “buena regulación”.
Entonces no se trata de una Ley que suponga la trasposición de una Directiva europea, aunque nazca de la Directiva de Servicios. Y pese a que lo del nombre de “unidad de mercado” probablemente nos ha llevado a debatir sobre su posible invasión de las competencias autonómicas, lo mismo conviene resaltar algunos otros principios que encuadran la filosofía que subyace dentro de ella.
Así, no es el de “eficacia nacional” (el más polémico de todos, por ser el que quizá pudiera conculcar competencias autonómicas, según la opinión de algunos) el que más está alimentando la actuación de la CNMC y de la SCUM. Son otros, concretamente los de necesidad y proporcionalidad, los que están siendo el motor de muchas de sus actuaciones y resoluciones.
¿Y qué significan? Que la intervención de las Administraciones debe estar basada en razones de interés general, pero debe realizarse con los instrumentos que resulten menos invasivos, puesto que el objetivo final de la Ley es eliminar las trabas al libre acceso y ejercicio de las actividades económicas en el territorio español.
¿Y afecta esto a la Industria del Juego?. Como sabemos, rotundamente sí. Siempre hemos vivido constreñidos a lo que permite el Reglamento correspondiente, de autorización en autorización, de homologación en homologación; pero las Administraciones con competencias en la materia tienen ahora una ayuda inspiradora que les invita a reflexionar sobre si la medida de intervención que plantean para que consigamos esas autorizaciones, licencias u homologaciones, son proporcionadas al fin perseguido, animándoles a utilizar los instrumentos menos intervencionistas. Y a motivar mediante las Memorias de Impacto Normativo las decisiones restrictivas de la competencia y de la libertad de mercado que puedan decidir adoptar, para eliminar cualquier género de duda sobre la posible arbitrariedad de sus decisiones.
Considero que este escenario nos coloca ante una perspectiva bastante positiva, que por primera vez resalta que, si no por encima del bien público que se intenta proteger, al menos sí al mismo nivel, hay otros bienes que también deben ser tenidos en cuenta: la competitividad, la desaparición de mercados ineficaces, la competencia leal, el fomento del acceso a la actividad mediante la desaparición de las barreras a la misma… en la continua demanda de ser considerados una Industria seria, capaz, madura, y generadora de innovación y riqueza, que exista una Ley que impulse la buena regulación y todo este aire fresco, a mí me parece una excelente noticia… pero quien me conoce ya sabe que mi tendencia es a ver el vaso siempre medio lleno.
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