Con dos objetivos principales, los representantes de dos sindicatos, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) convocaron el 14 de noviembre una concentración en Valencia: para reivindicar que los vendedores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) comercialicen en exclusiva sus productos y para pedir la anulación de acuerdos de externalización de las ventas, uno de los cuales es el suscrito con Interagrupación Fallera. Dichas acciones que se intentan reivindicar o anular, denunciaron desde los sindicatos, contribuyen al incremento de “la precariedad e inestabilidad laboral que ya vienen padeciendo los trabajadores de la entidad”, informa La Vanguardia.
En una concentración que comenzó a las 13.30 horas, ambos sindicatos destacaron la labor social de la entidad ante la delegación de la ONCE en Valencia, concluyendo con la lectura del manifiesto. En el manifiesto, los sindicatos expresaron su “rechazo” de las medidas puestas en marcha por parte de los órganos de dirección de la institución para dar un mayor impulso a la venta de productos de la ONCE a través de canales externos frente a la red tradicional del personal vendedor.
En Valencia, además, se ha ampliado el canal de venta a la red de oficinas de Correos, a varias cadenas de supermercados y a otras organizaciones sociales, como el acuerdo firmado por la dirección de la ONCE con la entidad fallera. “La expansión salvaje del canal de venta está redundando en la pérdida de ingresos por ventas y la destrucción del empleo del personal vendedor y, por extensión, también del personal administrativo y técnico,” lamentaron los sindicatos.
En este sentido, recordaron que la principal labor social de la ONCE es la inclusión social mediante el acceso al empleo en la venta del cupón de personas con discapacidad, sobre todo de los afiliados a la ONCE, personas ciegas o con deficiencia visual grave. Consecuentemente, CCOO y CISF consideraron que la venta de productos ONCE está vinculada de manera “legal, íntima e histórica” a las personas ciegas y con otras discapacidades, “sin que sea ética ni legítima su derivación hacia canales externos”.
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