En su comparecencia en la cumbre de Jdgital, el abogado Rafael García del Poyo advirtió de que la nueva normativa es toda una "incógnita" y recordó a los empresarios la importancia de tomar medidas de prevención, información y sensibilización con el juego responsable.
El abogado y socio de Osborne Clarke Rafael García del Poyo advirtió ayer en las jornadas de Jdigital sobre la regulación del juego en España y Europa que el nuevo marco legal del juego online que se aplicará a partir de mayo de 2018 es “extremadamente complejo, una incógnita”, declaró.
García explicó que esta nueva legislación ya está en vigor pero no se aplica y que, a pesar de que ya se derogado la directiva anterior nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos viene de esa directiva, por lo que no queda claro si nuestra Ley Orgánica también tendría que ser derogada.
Apuntó además, que en esta nueva normativa no importarán tanto los medios como los fines. Así, el método se llevará a la práctica al estilo anglosajón, puesto que cada compañía podrá hacer sus propias evaluaciones pero siempre cumpliendo con el nuevo reglamento. Es decir, que no se impondrán los métodos para establecer medidas de seguridad o recabar consentimientos.
Sin embargo, el socio de Osborne Clarke destaca que la dificultad radicará en la recogida, tratamiento y comunicación de datos dentro de cada grupo empresarial, además de en tareas como establecer las cookies utilizadas, las fórmulas de consentimiento que se deben tener, cómo dar información, o en cómo realizar transferencias internacionales.
Un factor más a tener en cuenta, según el experto en legislación, es el hecho de que el régimen sancionador “se ha disparado”. Según detalló ayer, de los 600.000 por sanción se ha pasado al seis por ciento del volumen de negocios global del grupo de compañías.
Otra de las incógnitas que deben despejarse es la de qué autoridad pondrá las sanciones, puesto que es competencia del reglamento europeo pero la autoridad europea por el momento no existe, según explicó.
García aprovechó su intervención para llamar la atención sobre uno de los grandes pilares de la Ley de Regulación del Juego del año 2011: la obligación de los operadores de elaborar políticas de juego responsable, poner en marcha campañas preventivas dirigidas a sensibilizar, informar, difundir las buenas prácticas del juego, elaborar planes de medidas para mitigar los posibles efectos perjudiciales del juego o tener en cuenta a los grupos de riesgo. A este respecto, el abogado hizo referencia a una recomendación de la Comisión Europea en la que se establecen cuáles son los principios del consumo y los principios de los consumidores en relación con el juego o la prohibición del juego entre los menores.
Además, mencionó algunas de las medidas que reclaman las empresas del sector para los próximos cuatro años, que, previsiblemente, serán beneficiosas para los usuarios, para las empresas y para la administración, y que consolidarán, además, el juego. Estas medidas son la liquidez internacional y la racionalización fiscal, puesto que los operadores están sometidos a un impuesto especial además de los generales y los usuarios en España tributan por sus ganancias.
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