La vicepresidenta del Gobierno y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apostado por reforzar mecanismos de diálogo y lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas para evitar conflictos entre administraciones y para tratar de resolverlos una vez planteados. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido que la "burbuja normativa" que se ha generado por parte del Estado y las autonomías es una de las causas de la litigiosidad entre administraciones, por lo que ha pedido reforzar los mecanismos bilaterales de diálogo.
Según ha informado EFE, los cauces de entendimiento, además, según las cifras aportadas por ella misma en el Senado, terminan en acuerdo en el 66 por ciento de los casos en los que se han llevado a cabo con reuniones entre el Gobierno y las comunidades desde 2012.
Con esta apelación al diálogo bilateral, Sáenz de Santamaría ha clausurado el VI Foro de las Autonomías que durante toda la jornada ha reunido a representantes del Gobierno, consejeros, cargos autonómicos y académicos para analizar el estado actual de las relaciones entre la administración estatal y las administraciones territoriales.
Uno de los elementos que marca esas relaciones actuales es la "inflación normativa" que se ha creado en España, y así, citando un informe del Colegio de Economistas, la vicepresidenta ha ilustrado que las disposiciones, aquí, "multiplican por diez" a las que se promulgan en Alemania.
La ministra para las Administraciones Territoriales ha aportado más datos: desde 2012 se han aprobado entre Cortes Generales y parlamentos autonómicos hasta 1.427 normas con rango de ley.
Al mismo tiempo, las comunidades han sacado adelante unas 1.256 leyes de ámbito sólo regional, de las que el Gobierno ha recurrido algo más del 6 por ciento.
Hay litigios también en la dirección inversa, de las comunidades con la administración general del Estado, ha dicho Sáenz de Santamaría, pero lo que destaca, a su juicio, es "una inflación legislativa" que "redunda, por diferentes motivos, en un exceso de litigiosidad".
La vicepresidenta ha defendido ya en más de una ocasión la apuesta por los mecanismos bilaterales entre administraciones como cauce hacia posibles soluciones, y hoy ha vuelto a hacerlo, aunque añadiendo la opción de que, como estación de llegada, se llegue al desestimiento del recurso si las relaciones bilaterales cuajan.
En resumen, la vicepresidenta ha defendido acudir a estos "mecanismos preventivos", recogidos además en la Constitución.
También ha abogado la número dos del Gobierno por analizar la necesidad de las normas en tramitación, e incluso que en ese estudio se detalle si de la aprobación de una ley, podría derivarse la derogación de otras.
La vicepresidenta ha hecho una defensa del diálogo y de la lealtad institucional como factores que deben sujetar las relaciones entre administraciones, y así, ha citado las conferencias sectoriales, el Consejo de Unidad de Mercado o la Comisión Nacional de Protección Civil, recientemente creada en virtud de uno de los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes.
Aunque no ha hecho alusión alguna a Cataluña, la vicepresidenta ha defendido que los avances del Estado autonómico, el favorito para los ciudadanos según recogen los barómetros del CIS, se enfoquen por dentro de los márgenes de la Constitución.
De hecho, ha defendido que se modifique la Carta Magna pero "siempre y cuando" queden garantizado que el titular de la soberanía es todo el pueblo español y que, por tanto, es éste en su conjunto el que debe avalar decisiones así.
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