La importante noticia la contaba ayer diarimes.com en su edición de ayer. Así,la jueza desestima la tesis del abogado y al mismo tiempo representante legal de ONCE en la vista judicial de enero, que defendía que Ortiz había cometido una negligencia al dejar los cupones al alcance del público, aunque un promotor comercial del ONCE ya lo había alertado anteriormente de qué no les dejara cerca de la ventanilla de venta. Era su defensa al juicio y al mismo tiempo el argumento que utilizó la compañía en el 2015 para llevar a cabo el descuento en el sueldo.
La magistrada no considera «acreditada» la negligencia, ya que no se puede probar que Ortiz contraviniera las instrucciones del ONCE, por lo cual da la razón al vendedor. Además, la jueza dice, en la resolución, que el trabajador «tiene el derecho básico a no ser sancionado cuando no ha cometido ninguna infracción en el desarrollo de su actividad y a no ser el responsable único de la reposición del daño o siniestro» cuando se deriva de una incidencia producida por un agente externo –en este caso el ciudadano sin escrúpulos que robó a una persona ciega.
La sentencia, dictada el 27 de febrero, dejaba la puerta abierta a ONCE a un recurso suplicatorio delante de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero la compañía ha optado por no seguir con el litigio. El abogado de Ortiz, del sindicato CGT de Tarragona, ha recibido ya la confirmación oficial que el texto es firme y definitivo, así que, en las próximas semanas, la Organización de Ciegos tendrá que proceder a reintegrar el importe final de 349,8 euros a Lluís –cómo así lo conocen sus clientes habituales de Ramon y Cajal-.
El hombre ha recibido con entusiasmo el veredicto por el precedente que puede marcar de cara a otros vendedores con ceguera que sufran un hurto en unas condiciones parecidas. «Es un gran éxito para nuestro colectivo. Conseguimos que se tengan en cuenta unos derechos como trabajadores que hasta ahora no teníamos», apunta a Diario Más. Y es que, tal como ya denunció el vendedor a este diario y ahora también apunta la sentencia, en la póliza de seguro del ONCE con la empresa escogida «se excluye la cobertura por hurto o sustracción», únicamente se contempla el robo. De aquí que la jueza condene al ONCE y no a la empresa aseguradora. «Quedan expresamente excluidos –de la póliza– los hurtos, considerándose estos, toda aquella apropiación de los bienes [...] sin utilizar fuerza o violencia en las cosas, ni intimidación ni violencia ejercida sobre las personas,» se lee al veredicto, y lo que Ortiz resume de la siguiente forma: «Si no hay forcejeo o agresión a los trabajadores, no nos cubre lo que nos han hurtado... Pero cómo tengo que defender yo los cupones ante un robo, si no veo que me los están cogiendo»?.
Como parece obvio, el vendedor no emprendió la batalla judicial –que se ha acabado alargando exactamente dos años– por el dinero, «quizás lo más fácil habría sido no hacer nada, aceptar que me lo sacaran del sueldo y olvidarme del asunto, pero yo ya les dije a los responsables de Tarragona que, conmigo, habían tocado piedra. Creo que tengo una obligación con los más jóvenes de la entidad y les tengo que allanar el camino para que no tengan que vivir una situación parecida. Quiero que se hagan respetar y que no se queden quietos ante una injusticia», apunta Ortiz, adoptando el rol de maestro, la profesión de su vida que tuvo que dejar a medida que avanzaba su enfermedad ocular degenerativa, retinosis pigmentaría.
Ortiz se muestra infinitamente agradecido al sindicato en el cual está afiliado actualmente, la CGT de Tarragona, que ha batallado para conseguir que le devolvieran el dinero, pero no esconde su indignación con la actuación de UTO-UGT –la rama sindical de la UGT en ONCE- ante un hurto anterior que sufrió, en enero del 2012, por valor de 90 euros. «En este último episodio que he sufrido, la CGT me ha defendido y me ha ayudado sin cobrarme nada de añadido pero, al episodio del 2012, cuando también quise llevar la situación por la vía judicial, a los de UGT, después de estar afiliado y pagando durante 15 o 16 años, me querían cobrar cerca de 150 euros para tener un abogado. ¿Cómo tenía que pagar yo 150 euros si pedía recuperar 90? Me costaba dinero. Creo que quien nos tendría que defender, como es el caso de este sindicato mayoritario, no lo está haciendo y no está denunciando los abusos que sufrimos los vendedores ciegos. Me sentí muy desamparado en aquella ocasión», recuerda enfadado al vendedor.
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