El dueño de la empresa Avialsa, en el punto de mira de una investigación en la que también se habría identificado a un ex empleado de Loterías que era el que realizaba los justificantes fraudulentos para cobrar así los premios.
El juzgado que investiga la supuesta trama de blanqueo de capitales a través de falsos justificantes de premios de Lotería mantiene unas pesquisas abiertas sobre el patrimonio y cuentas bancarias de varios empresarios que supuestamente se beneficiaron de esta práctica ilegal.
Las diligencias pretenden aclarar el patrimonio de los sospechosos así como averiguar si tenían la posibilidad de generar con sus actividades una cantidad importante de dinero o si bien esas sumas procederían de una actividad ilegal. Todos los empresarios, entre los que también figura un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han pasado ya por el juzgado. Algunos han declarado, mientras otros se han acogido a su derecho a guardar silencio.
Las pesquisas policiales resultarán claves para el futuro de la causa judicial. En principio, la investigación se sigue por blanqueo de capitales. Utilizar los justificantes para reintroducir importantes sumas de dinero -se barajan cifras de hasta 500.000 euros- en el circuito legal. El caso partió de una investigación por tráfico de drogas en Algeciras. Los agentes sospecharon de importantes ingresos en efectivo en algunas cuentas bancarias que justificaron supuestamente con unos premios de lotería.
Fuentes judiciales apuntaron que la mayoría de los delitos podían incluso haber prescrito . Por ejemplo, sería el caso de la falsedad documental en la elaboración de los documentos que justificaban los premios y en el posible delito fiscal. El plazo para extinguir la responsabilidad penal sería de cinco años. En cambio, estaría vigente el blanqueo que se puede investigar hasta diez años después de producirse.
Uno de los certificados presuntamente falsos que se encontraron pertenecía a Vicente Huerta, el dueño de Avialsa, la sociedad adjudicataria de los servicios de extinción de incendios en la Comunitat.
El exconseller de Gobernación Serafín Castellano fue detenido hace dos años por dar un trato de favor a la mercantil de Huerta en la adjudicación del servicio de extinción de incendios en la Comunitat. Los primeros informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaban a que Avialsa pagó cacerías y otro tipo de presentes al entonces conseller. La causa se ha dividido en varias piezas. Por un lado, el reparto del mercado entre las empresas del sector y los regalos que recibió el exdelegado del Gobierno. Esta es, sin duda, la causa más voluminosa. Se han solicitado comisiones rogatorias a Italia y Chile. En otra pieza también se investigan los contratos que recibió el empresario Taroncher, en especial, de las consellerias en las que estuvo Castellano.
Fuente: Las Provincias
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