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LA LEY DE PRESUPUESTOS DE BALEARES PONE BAJO SOSPECHA AL SECTOR BALEAR DEL JUEGO AUTORIZADO

Eliminación del 15% de reducción y previsión de ingresos por sanciones inspirada en una nueva “presunción de culpabilidad”.

Con la brevedad propia de una jaculatoria (menos de 140 caracteres en su disposición derogatoria) aunque con su misma eficacia mística y redentora, el Proyecto de Ley de Presupuestos para las Islas Baleares de 2018 ha asestado un duro golpe al sector del Juego del que, a la fecha de publicación de esta humilde aportación, ya se han hecho eco las redes sociales, debiendo “sacarme el sombrero” e incensar especialmente el irrebatible edificio argumental que mi colega y amigo Xisco Grimalt remitió al propio Parlamento Balear, y espero que para sonrojo del regulador, le conduzca al sano ejercicio del derecho de rectificación, tan en desuso.

La “jaculatoria” deroga la reducción del 15% que la Ley del Juego establece para quienes repongan las infracciones a la legalidad (compatibles con las reducciones generales de la Ley 39/2015) y no responde –por apartarse- a ninguno de los principios inspiradores de la Ley del Juego, se aparta del consenso que se logró en su tramitación y aprobación, encierra un torticero fin recaudatorio que además se confirma con la previsión de ingresos cercanos a los 700.000.-€ en concepto de multas y sanciones (funcionamiento anormal, podríamos decir), cifra que supera en casi 300.000.-€ los previstos para las tasas administrativas de tramitación (funcionamiento normal). Consagración de la presunción de culpabilidad, pues el objetivo (la recaudación) determinará el desmesurado ejercicio de la potestad sancionadora.

A todo ello, por si ya no fuera poco, debe añadirse que las Leyes de Presupuestos nacen con vocación de ser cumplidas, por lo que las previsiones recaudatorias no hacen sino alentar (como por otra parte ya se viene haciendo), a forzar los “tipos infractores” (dispongo de algún ejemplo que no merece ni ser mencionado en este artículo), a confundir “regular e inspeccionar” con “indagar”; a volver a un desterrado escenario de “policías y ladrones”. Y los ladrones no son otros que los operadores del Juego autorizado, pues los responsables de “timbas ilegales” siempre resultan ser insolventes. Ladrones que deberán pasar por la oficina a pagar sus multas y a los que ya no se les reconocerá mérito alguno por haber modificado una conducta, para el caso de que la misma fuera sancionable.

Esta lamentable y sorpresiva iniciativa (que esperemos no pase el “primer corte” de tramitación parlamentaria, pues por más que lo medito no se me ocurre forma de defenderla razonablemente), supone, por otro lado, un feo gesto hacia la socorrida Comisión del Juego Balear (recurrente arma de la Administración para fomentar el “postureo” de sus integrantes, y me sabe mal decirlo), pues no se ha informado de la misma aún a pesar de la claridad de la norma que la regula; así como otro feo gesto – aunque en sí mismo no ilegal- hacia la propia Ley 39/2015 que anima a que las reducciones que establece se puedan incrementar, no reducir.

Sería deseable, ya para terminar (no quiero cansar al lector), que los lamentos que muchos probos empresarios deslizan casi silentemente en los despachos profesionales, tuvieran el mismo eco en esa Comisión del Juego. Por favor, “id y alegad”, como ya dije en mi tuit del sábado.



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