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EL DÍA “D” SE APROXIMA PARA CODERE

ANÁLISIS EXCLUSIVO INFOPLAY:
12 de enero: Fecha clave para la resolución de la gran confrontación entre Silver Point y Codere pero,
¿cómo hemos llegado hasta aquí?

 
Una visión retrospectiva se hace necesaria para entender una historia fácilmente contable por entregas. En el prólogo, que por tener alguna referencia lo ubicaremos en abril de 2012, Cristina Fernández expropiaba YPF, y generaba un efecto dominó que afectó al precio de renovación de licencias dentro del territorio argentino; causando en Codere un fuerte e inesperado desembolso de más de cien millones de euros, 107 concretamente, y el consabido desequilibrio económico posterior que pasamos a abordar.
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Codere estaba sumido en pleno preconcurso de acreedores y cerniéndose sobre sí la sombra del impago efectivo, momento en que la CNMV recibió un escrito de la empresa de los Martínez Sampedro en el que señalaba inequívocamente los riesgos que entrañó la masiva compra de deuda acometida por ciertos fondos buitres, ligados de algún modo a varias entidades financieras, que más adelante detallamos.

El documento remitido al regulador continuaba con la documentación enviada en 2013, y prevenía sobre “el interés de los nuevos acreedores en producir el incumplimiento de las obligaciones financieras de la sociedad, mediante la especulación de los seguros de impago (CDS)”.

Según más datos contenidos en la misiva, el capital riesgo habría conseguido un beneficio de entre 11,4 millones y los 13,7 millones de euros, habiéndoles bastado para ello exigir un retraso en el pago a los acreedores para cobrar el contrato que cubre las pérdidas en caso de impago.

Paralelamente, el sindicato UGT interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los fondos buitre que adquirieron la cartera de deuda de Codere (Canyon Capital Finance y GSO, así como a su matriz Blackstone) a cuatro entidades financieras (Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital y Houston Casuality Company) acusándoles de malas prácticas en esta operación.

Los fondos buitre, se aprovechan de debilidad financiera presente en algunas empresas españolas para hacerse con su control "a través de maniobras fraudulentas" consistentes en la detracción y posterior reventa de activos, sin acordarse además de otras facetas importantes como la continuidad de dichas empresas, la generación de producto y el mantenimiento de los puestos de trabajo". Con el agravante que supone la propia estructura de dichos fondos; en la que se hace imposible identificar a sus representantes legales o la ubicación de su domicilio fiscal por lo que es muy complicado que asuman responsabilidades.

El sindicato pidió que se declarara el carácter "ilícito" de estas prácticas y se citara a declarar a los directivos de Codere involucrados en las negociaciones, así como a los consejeros delegados, representantes legales y otros involucrados de Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital y Houston Casuality, así como también solicitó las declaraciones de los firmantes de los contratos de cesión de crédito en nombre de Canyon Capital y GSO y sus representantes legales.

Por último, requirió a la Fiscalía a adoptar las medidas necesarias para que no se destruyera ninguna información, comunicación y/o documentación relativa a estos asuntos amén de solicitar a la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) y a Credit Suisse, BBVA y Barclays Bank, miembros de esta asociación, toda la información sobre los CDS adquiridos por los fondos buitre.

La inactividad de la Administración ante la acción de los fondos buitre ha sido la tónica dominante en un proceso cuyo desenlace parece próximo, y que comenzó cuando adquirieron deuda bancaria de la empresa (127 millones de deuda, habiendo pagado 100), exigiendo inicialmente un interés efectivo anual del 117%, incluyendo intereses encubiertos como comisiones. Finalmente, aunque la cifra se redujo a un 40% anual, la acción fue calificada como “usurera” y cercana a la ilegalidad, algo en tela de juicio y de lo que pronto tendremos conclusiones.


Una de las portadas clave en el proceso de la confrontación entre Codere y los Fondos