En 2016 se aumentó la cuota de impuestos en la Ley Impositiva Provincial, por impulso del massismo, el peronismo y el Ministerio de Economía.
María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires por la formación política Cambiemos, conservadora, anunció en 2017 el cierre de tres casinos y un bingo y el fin de la licitación pública para la explotación de 3.860 máquinas tragaperras, para “frenar el crecimiento del juego, gradualmente ir restringiendo la oferta de juego legal en la provincia y seguir combatiendo el juego ilegal”, informan desde el argentino Diario del Juego.com.
La propuesta de refrendo fue hecha este jueves por la concejala Carolina Espinosa, del mismo partido, y recibió el voto unánime en el Concejo Deliberante, con lo que quedó convalidado el acuerdo entre la Dirección de Asuntos Legales del Municipio y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC). El objetivo es según Espinosa “precisar los términos y condiciones de la percepción, fiscalización y control del arancel de ingreso y permanencia en las salas de juegos de azar” de la ciudad, es decir, del bingo de Olavarría, la única sala de la ciudad. En el territorio de la provincia hay 46 salas de juego.
Para el IPLyC, según su titular Matías Lanusse, el cobro de entrada a los bingos pretende además asistir a las personas que sufren de ludopatía.
Las tarjetas servirán para entrar y para poder jugar a las máquinas, lo que permitirá “hacer un monitoreo de las operaciones, control de información y datos estadísticos”.
La mitad de los 20 pesos se utilizará para acciones de prevención de la ludopatía y otras adicciones en la ciudad y la otra mitad irá a los presupuestos generales de la provincia de Buenos Aires.
Cuando las tarjetas estén funcionando se podrán bloquear a petición del usuario para todas las 21.000 máquinas tragaperras de la provincia.