Los puestos en peligro, añaden, son estables, ya que un 98% de los puestos son indefinidos y con una antigüedad media por empleado de 15 a 20 años. “Hay que tener en cuenta que se trata de empresas familiares con un promedio de edad por trabajador superior a 45 años con difícil reubicación laboral. En cifras, estaríamos hablando de más 1.000 puestos de trabajo directos y más de 7.000 empleos indirectos que se podrían destruir”, según declaraciones del presidente de la entidad, Francisco Pallás, al diario Las Provincias.
Los empleos directos se repartirían entre fabricantes, comercializadoras, operadoras de máquinas, salones, empresas de apuestas, bingos y casinos, y los indirectos estarían en hostelería a causa de la importancia de las máquinas tragaperras.
El último Informe Anual de Juego de 2016 de la Generalitat Valenciana, reproducen en este diario, establece una ratio de un trabajador por cada cuatro máquinas de promedio: “Entre los directos hay recaudadores, técnicos, transportistas, la gente que lleva la parte contable y la gestión. Es decir, personal de las empresas que nos encargamos de poner máquinas en los bares. En cuanto a los puestos indirectos, estamos hablando de empleados de la propia restauración, bares y hostelería en general”, en palabras, de nuevo, de Francisco Pallás.
La contraprestación serían 16,6 millones de euros más para las arcas públicas durante 2018, según las estimaciones del Departamento de Tributos valenciano, dependiente de la Conselleria de Hacienda, además de una desincentivación que busca activamente alinear la tributación en Valencia a la del resto de CCAA, actitud que ha puesto, según este medio, al sector del juego “en pie de guerra” contra el Consell.
“La mayor parte de los ingresos procederá de la explotación de aparatos, las conocidas máquinas tragaperras, cuya recaudación será de diez millones más respecto a 2017, cuando ingresaron 84,7 millones. Le sigue el aumento en apuestas, rifas y tómbolas, donde la previsión es de seis millones más. En ese concepto la Generalitat recaudó 6,3 millones el pasado ejercicio, es decir, la mitad de lo que espera para 2018. Por último, en los casinos se espera un aumento de 650.000 euros por los cambios en los tipos. En 2017 la Hacienda autonómica se embolsó 7,3 millones”, continúa Las Provincias: “En cuanto al empleo generado por esta industria, el Informe Anual de Juego que la Comisión Autonómica aprobó en octubre indica que el sector genera 7.000 empleos directos entre las empresas fabricantes, comercializadoras, operadoras de máquinas, salones de juego, empresas de apuestas, bingos y casinos”.
Según Pallás, “A esta cantidad habría que sumar los empleos generados de forma indirecta y que ascenderían a más de 30.000 teniendo en cuenta sobre todo los relacionados con el sector de la hostelería”.
32.850 locales de hostelería están en el Registro para la instalación de las máquinas recreativas y de azar, aunque no hay datos oficiales de cuántos cuentan realmente con una, según Las Provincias.
