El proceso de privatización de la lotería instantánea de Brasil se ha detenido por un motivo de peso: la ausencia de ofertas. Además el
Tribunal Supremo Federal determinó ayer jueves que las empresas con participación estatal y sus subsidiarias no podrán privatizarse sin el aval del Parlamento, por lo que el doble golpe contra el Gobierno Federal de Brasil es contundente y le impude privatizar su servicio de lotería instantánea Lotex.
Aunque el gobierno brasileño planeaba recaudar alrededor de 542 millones de reales (USD 144 millones) de una concesión a 15 años de la empresa pública que gestionaba la lotería instantanea Lotex, la realidad ha sido doblemente dura para los planes del Ejecutivo: en primer lugar, la fecha límite para presentar ofertas por el servicio de lotería acababa este pasado lunes y no se han recibido propuestas; y en segundo, el Supremo Tribunal Federal determinó ayer que no se podrán privatizar empresas públicas sin el aval del Parlamento.
De esta forma la cancelación es una buena noticia para los empleados del banco público y para los defensores de mantener las empresas públicas del país. Y es que la empresa Caixa, la que gestiona las loterías del país, es 100% pública y sus empleados se habían posicionado en contra de la entrega del patrimonio público brasileño justificándolo con el argumento que las loterías de Caixa son una gran fuente de recursos para inversiones sociales.
María Rita Serrano, coordinadora del
Comité Nacional de Defensa de las Empresas Públicas y representante de los empleados en el Consejo de Administración de Caixa, señaló que la ausencia de interesados se debió a la inestabilidad política del país, las modificaciones en el marco normativo de las loterías, el veto del Ministerio de Hacienda a que Caixa participe de la subasta, y sobre todo, por la resistencia de las entidades representativas de los empleados del sector bancario público.
La noticia se da en simultáneo a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, cuyo integrante
Ricardo Lewandowski determinó ayer que el gobierno de Michel Temer
no podrá vender el control accionario de empresas públicas de economía mixta sin la autorización del Poder Legislativo.
La realidad ahora es que quedan suspendidas las privatizaciones de entidades estatales de capital abierto, como las de empresas como Petrobras, Eletrobras y el Banco de Brasil, pero también a sus subsidiarias, extendiéndose incluso a las esferas estadual y municipal de la administración pública.
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