La figura del 'operador único', protagonista del Segundo Debate en el V Encuentro AGEO

Santiago Moreno, abogado y asesor jurídico de AGEO, destacó que el proyecto de ley de juego de Galicia ya cuenta con un éxito previo, que es haber sido consensuado prácticamente por todo el sector de la comunidad autónoma. También remarcó que se está trabajando de manera muy directa con la propia Xunta.

Sobre el texto regulatorio afirmó considerarlo ”solvente y que recoge una serie de parámetros” que considera “básicos para una ley actualizada y que responda a la realidad del momento”. Así, señaló como uno de sus principales logros “la regulación del juego a través de los dos canales en los que puede realizarse, que es el presencial y el online”. También que “establece la competencia exclusiva de la comunidad autónoma sobre el juego que se realiza dentro de su ámbito territorial”. Respecto al juego online y el presencial, Santiago Moreno considera que el proyecto “lo balancea de una manera equitativa dándole el peso que tiene cada uno de ellos”.

Además, mencionó que la ley “recoge la posibilidad de instalación de terminales físicos de juego online en locales de pública concurrencia específicos de juegos, es decir en salones, bingos y casinos; y lo condiciona a la autorización de la propia comunidad autónoma, dado que tiene esa competencia exclusiva”. Mientras, que la instalación de este tipo de terminales “se prohíbe en los locales que no son específicos del juego, en locales de hostelería en este caso”.

Para Moreno una parte importante de la ley, al igual que para Juan Santamaría, Catedrático de Derecho Administrativo y socio de Gómez-Acebo & Pombo Asociados, es el interés por eliminar cargas administrativas innecesarias, al poder realizar trámites telemáticamente que antes necesitaban presencia física. Algo que eliminará o disminuirá costes tanto económicos como de tiempo a la hora de formalizar actuaciones ante la propia administración. En esta línea, el texto sustituye o permite sustituir autorizaciones administrativas por comunicaciones o declaraciones responsables. Algo que va en la línea de las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León.

Moreno explicó que el texto regula la publicidad y promoción, siempre unidas a la responsabilidad social corporativa y a la protección de los elementos más sensibles como pueden ser menores o poblaciones de riesgo, y aborda toda la política de juego responsable y RSC “estableciéndolo desde los parámetros de la protección a los consumidores y fijando una serie de obligaciones respecto a los operadores”.

Como novedad importante de la ley, Moreno destacó la creación de la figura del operador único de juegos, “que sería la entidad jurídica o la empresa que, dentro de lo que podemos establecer como locales no específico el juego (los locales de hostelería), sería el responsable de todos los juegos que en ese local se puedan autorizar y se relacionaría directamente con la administración competente”.

José Sánchez-Fayos, coordinador general de COFAR, respondió a la pregunta lanzada por el moderador, el presidente de AGEO. Serafín Portas preguntó: ¿El nuevo proyecto contiene planteamientos innovadores con respecto a la actual normativa comparada? Para José Sánchez-Fayos, Galicia siempre ha tenido una buena regulación y la vigente ley ha funcionado muy bien durante 30 años, permitiendo al sector y a los subsectores desarrollarse de manera sostenible y rentable.

Sobre la nueva ley, aseguró que “le gusta la letra, la música y la filosofía que tiene”, porque es continuista con lo que funciona y porque incorpora, además del juego online, otros aspectos nuevos como ser el primer borrador que dedica un artículo de forma singular a tratar no solo el juego responsable sino también la responsabilidad social en general. En este punto, mencionó el artículo 10.3 que dice que conmina a los operadores a desarrollar un programa de juego responsable” y avanzó que COFAR va a implantar en breve un programa de juego responsable para hostelería en el que llevan ya trabajando dos años. José Sánchez-Fayos explicó que la función del regulador es que el juego sea legal y la de los empresarios que sea ordenado, de ahí la importancia de desarrollar programas de juego responsable.

Sobre el operador único, dijo que COFAR sostiene incluso la idea del “juego único”, es decir, para COFAR los establecimientos de hostelería no son establecimientos de juego. “Nosotros entendemos que con las máquinas sería suficiente, respetando en aquellos sitios que puede haber apuestas, y si hay apuestas optamos por la fórmula del operador único”, explicó.

En cuanto al artículo 16.4, que trata el tema de la prohibición de los terminales de juego online en hostelería, José Sánchez-Fayos consideró que los terminales de juego online en cualquier modificación que se haga de la ley 13 “debería desaparecer, no debería haber opción a instalar esos terminales, porque desnaturaliza completamente lo que es la actividad”.

Para José Sánchez-Fayos, el juego presencial está bien regulado, no tiene problemas, aunque, citando a Juan Santamaría “vivamos mucho ruido de realidad aumentada” procedente de los medios de comunicación. Y planteó una pregunta: “¿Quiénes son los clientes de la prensa, con millones de euros de publicidad?” a lo que respondió: “El juego online”. Argumentó que la ley de publicidad lleva demorada cinco años, por culpa de “las compañías de publicidad, la presa, de los lobbies que tienen mucha fuerza…”

Por su parte, Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO, valoró la figura del operador único y afirmó: “Para mí es un concepto muy garantista”, además consideró que es extrapolable a otras administraciones.

Sobre la publicidad del sector del juego, Landaluce quiso precisar que CEJUEGO defiende que “la naturaleza del juego es la misma, independientemente de que sea público o privado” y que la gente tiene que entender que todo es juego. Opinó que este tipo de publicidad hace que la sociedad entienda que puede ser excesiva y se une a la opinión de la necesidad de una regulación. “Todas las Comunidades tienen una regulación de publicidad muy sólida, y con la ley de Galicia lo estará todavía más”.

Otra interesante pregunta formulada por el moderador fue: “¿Entendéis que dentro del actual marco regulador la figura del operador único encaja con la ley general de garantía de unidad de mercado?"

Juan Santamaría, Catedrático de Derecho Administrativo y socio de Gómez-Acebo & Pombo Asociados, explicó que él desconocía la existencia de esta posible incompatibilidad y que cuando se lo explicaron no entendía por qué tendría que ir contra la ley de garantía de unidad de mercado. Lo que sucedió es que la CNMC asegura que se conculca por parte del artículo 55.2 del reglamento de apuestas gallego, el artículo 18.2 G de la LEGUM. Pero Santamaría puntualizó que la prohibición que establece el 18.2 G de que un competidor intervenga en el otorgamiento de una autorización a otro, se hace en los términos de la la ley paraguas, que excluye de su ámbito de actuación al juego, por lo que no habría tal contradicción.

Santamaría apuntó que la ley de garantía de unidad de mercado "se está utilizando por la CNMC, como por algunos sectores y subsectores económicos, como una especie de medicina que todo lo cura". Y aseguró que la ley de garantía de unidad de mercado “es una ley tramposa, porque es una ley que de unidad de mercado tiene muy poco y lo poco que tenía se lo ha cargado el Constitucional. Se ha convertido en una especie de ley paraguas bis, pero que se dice que persigue la unidad de mercado y no lo hace. Por ejemplo esta prohibición de la intervención de un competidor en el otorgamiento de autorización a otro, no tiene nada que ver con la unidad de mercado”.

Por todo lo expuesto, considera que quizá ponerlo en una ley autonómica impedirá que “recursos tan temerarios” como el mencionado no vayan a ningún sitio.

Sobre el recurso, Santiago Moreno, que representa a AGEO y a un grupo de empresas operadoras de Galicia en este procedimiento, aseguró coincidir con Santamaría en que la demanda de la CNMC “es bastante floja, es decir, se hacen una serie de aseveraciones sin más, no se fundamentan”. Y comentó que por su parte han contestado a la demanda con una serie de fundamentos jurídicos que considera que “son de suficiente peso como para albergar esperanzas de que podamos tener éxito en el procedimiento”. Moreno esbozó algunos de los fundamentos más significativos que han alegado:

- Que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia exclusiva en materia de juego que se desarrolla dentro de su ámbito territorial. Moreno considera que una ley como la LEGUM no puede convertirse en una norma en la cual se vacíe de competencias a las distintas comunidades autónomas.

- Que existe una amplísima jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, en cuanto al carácter del juego como una actividad singular, que permite unas regulaciones que otros sectores no permiten.

- Sobre la afirmación de la CNMC de que se conculca por parte del artículo 55.2 del reglamento de apuestas gallego, el artículo 18.2 G de la LEGUM, Moreno explicó que ellos niegan la mayor y que entienden que no son competidoras en los términos de este artículo.

Sobre este asunto, José Sánchez-Fayos consideró que en el momento que el operador único se incorpore a la ley, al ser la LEGUM una ley ordinaria, quedará resuelto. E incidió en la idea de que la LEGUM se ha venido utilizando como un retoque de competencias autonómicas. Además, opinó que la “ley se olvida completamente de que el juego es una actividad que permite restricciones a la actividad por razones de orden público, de salud pública o de fraude”.

Ante esta situación, Serafín Portas planteó otra cuestión: “¿Tal y como está ahora mismo el panorama, se va a abrir la posibilidad de que haya máquinas de apuestas en hostelería en otras comunidades?" Alejandro Landaluce respondió no tener constancia de que haya alguna comunidad autónoma que esté desarrollando un proyecto normativo en el cual se introduzcan las máquinas de apuestas en hostelería. No obstante afirmó que “se ha hablado de que se estaría pensando en alguna comunidad”, pero consideró que el proceso judicial de Galicia se estará observando al detalle por parte de otras comunidades antes de meterse a desarrollar una norma. Además, matizó que ante la situación del sector, en relación a la percepción por parte de la opinión pública, no cree que las Comunidades estén ahora planteándose algo como introducir las máquinas de apuestas en hostelería.

El último tema que se debatió en la mesa redonda giró en torno a la planificación. Para Juan Santamaría es imprescindible, “porque produce una sensación de orden en la sociedad y porque la absoluta libertad empresarial de establecimiento creo que es un perfecto disparate, es un lujo que solo se pueden permitir países muy ricos”. Santamaría asegura que “la libertad de establecimiento tiene un porcentaje de mortalidad empresarial con unos costes sociales y emocionales altísimos que es muy discutible. Creo que es muy bueno contingentar, no con la finalidad de crear mercados reducidos que garanticen rentabilidades, sino por pura y simple higiene social. Una contingentación y una planificación es una medida higiénica”.

Santamaría puntualizó que en este punto la falta de regulación es bastante negativa “y que la figura del operador único, en el fondo, no es más que una medida de autocontingentación, es decir, ¿tenemos que admitir que haya apuestas en los bares? Sí, pero poquitas”. Y continuó diciendo: “¿Eso lo debe decidir la administración en cada caso? La Administración no tiene capacidad ni legitimidad para decidir en este bar sí, en este bar no. Pues eso que lo decida el operador que ha llegado primero, que no será siempre necesariamente el de la máquina B”.

Por su parte, Santiago Moreno explicó que en el proyecto de ley de juego gallego queda claramente definido que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia exclusiva sobre esa planificación. Y a diferencia con otras normas de otras Comunidades, donde se hace una mera referencia a la capacidad planificadora, en este texto normativo “sí se referencia con claridad que la Comunidad de Galicia tiene la competencia exclusiva, que esa planificación se hace en base a los principios de salud pública y orden público, que además posibilita la contingentación sectorial y permite que se puedan establecer concreciones en cuanto al volumen y a la determinación de la oferta de juego, geográficamente incluso”.

José Sánchez-Fayos entiende la planificación en un sentido extenso, es decir, “no solo es un tema de distancias, sino que debe contemplar a qué se juega, dónde y con qué intensidad y dimensionar la oferta”. Además, aseguró que la planificación ha ser global de todos los subsectores. También afirmó que el juego no se regula solo, “porque hay asimetrías regulatorias” que impiden que haya una paridad.

Para finalizar, Alejandro Landaluce concluyó considerando que “la planificación tiene que ser homogénea para todo el sector. Hay que hacer una valoración de qué juego se quiere en la Comunidad Autónoma y a partir de ahí hacer la planificación”. A lo que añadió que en Valencia esto no ha ocurrido y “que el desarrollo normativo que se ha hecho no ha sido homogéneo, ya que es difícil entender cómo se descontingentan las máquinas en hostelería y de repente salen metros en salones, pero luego los quitan. Esto lo que genera es una inseguridad en todo el desarrollo. A nosotros nos encanta cuando el regulador analiza todo el sector de forma homogénea y a partir de ahí empieza a regular consistentemente y coherentemente”.