FEJAR, la
Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, no duda en denunciar esta situación y enmarcarla en las denuncias realizadas por esta Entidad desde el año 2010 en la utilización de los menores en una práctica de juego de azar prohibida para este sector de la población.
FEJAR recuerda que en su comparecencia en la
Comisión que elaboró la Ley 13/2011, marcó una línea roja basada en la tolerancia cero con respecto a los menores, "dicha exigencia la realizamos en cada una de nuestras comparecencias y alegaciones realizadas a lo largo de más de 30 años de actividad, incidiendo la importancia de proteger a este colectivo por su especial vulnerabilidad", indica.
FEJAR es claro al respecto y manifiesta que este hecho requiere acciones contundentes por parte, tanto del operador, como de la administración, como de los medios de comunicación.
Asimismo, la institución entiende que el
Defensor del Menor y los órganos administrativos deben tomar una postura tajante ante tal infracción y determinar las responsabilidades a las que hubiere lugar, así como sancionar dichas conductas (es importante recordar que en este caso se trata del operador más grande del mercado y además el único de titularidad pública como tal).
A este respecto "realizamos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que efectivicen sus manifestaciones en el Parlamento de preocupación por los menores y la necesidad de protección de este sector de la población.
FEJAR aprovecha el comunidado para reclamar, la implantación de un
decreto sobre publicidad que garantice estos derechos, así como la labor preventiva y fiscalizadora que tiene que tener la administración y que lleva haciendo dejación de funciones desde siempre".
Por último, en la comunicación enviada por parte de
FEJAR se insiste que los medios de comunicación, y con más razón si son públicos, tienen que tener un cuidado especial y cumplir la legislación de una manera estricta y seria. No se puede permitir la imagen de un menor con juego y reconociendo realizar esta actividad ilegal, y por supuesto no se puede culpabilizar en exclusiva al menor o su tutor intentando eximir de responsabilidad al operador o a la administración pública.
Este hecho remarca la necesidad de que una vez por todas la Administración, tanto central como autonómica, reconozca la carencia de la legislación y apruebe con carácter inmediato medidas eficaces para el cumplimiento de la Ley, "
exigiendo la ejecución del Decreto de Publicidad de forma urgente y sin excusas de ningún tipo".
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