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ANALIZAMOS: Ceuta y Melilla, los empleados españoles y el estatus legal de empresas que operan en Gibraltar pendientes de los acuerdos España - Reino Unido

 
 Con el acuerdo fiscal sobre Gibraltar firmado entre España y Reino Unido este pasado lunes, se abre un nuevo punto de interés sectorial. Además de la situación legal de miles de empleados españoles de las empresas de juego en el Peñón y del status de algunas de estas empresas que ofrecen sus servicios en España, también es importante atender al impacto que pueden tener para Ceuta y Melilla los acuerdos específicos sobre Gibraltar en materia fiscal entre España y UK.

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España y Reino Unido, han acordado este pasado lunes 4 de marzo el primero de los varios tratados fiscales que deben realizarse en las próximas semanas sobre Gibraltar. La firma de este acuerdo llega apenas un mes antes de la fecha en la que oficialmente se ejecutará el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Los dos objetivos clave de este primer acuerdo son -para el Gobierno español- combatir el fraude fiscal y evitar el blanqueo de capitales a través del enclave británico en este contexto de confusión que está generando las dudas sobre la naturaleza de este proceso.

Este tratado, firmado y suscrito por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y por David Lidington, numero dos del gobierno de Theresa May forma parte del un acuerdo específico sobre Gibraltar, que estaba incluido en el acuerdo sobre el Brexit cerrado en noviembre entre Londres y la UE. Se espera que en los próximos días, dicho acuerdo sea validado por el consejo de ministros español y ratificado por los parlamentos de ambos países.

En el acuerdo encontramos pues el primero de los cinco temas que serán tratados mediante acuerdos bilaterales que tienen que ver con Gibraltar, y que Reino Unido y España tienen potestad de negociar de forma independiente, y que concretando, son los relativos a los derechos de los ciudadanos, la lucha contra el contrabando de tabaco, la cooperación medioambiental y la cooperación policial y aduanera.

Evidentemente en materia de juego, el contenido de este primer acuerdo sobre fraude fiscal y blanqueo de capitales es el aspecto más relevante ya que varias empresas del sector están inmerso en un proceso de cuestionarse su continuidad en Gibraltar en este contexto de incertidumbre y algunas de ellas ya han dado el paso de trasladar sus sedes a otras jurisdicciones como Malta o a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Precisamente, el impacto que pueda tener el desenlace del Brexit en el éxito de Ceuta y Melilla como postulantes a ser sede de grandes empresas de juego, tanto nuevas como de las que llevan tiempo instaladas en Gibraltar, nos lleva a tener que prestar especial atención a todos los acuerdos fiscales relacionados con la salida de Gibraltar de la Unión Europea", prevista para el 29 de marzo. Con este primer paso, parece garantizado que este proceso de transición ser realizará "de manera ordenada y conforme a los intereses españoles en materia fiscal y de lucha contra el fraude y la evasión de impuestos". Y es que competir con las actuales condiciones que presenta Gibraltar en materia de opacidad y regulación, es la principal dificultad con la que se han encontrado estas nuevas jurisdicciones llamadas a recibir parte de las empresas que hasta ahora operaban en Gibraltar pero que tras el abandono de la Unión Europea por parte de Reino Unido no parece la mejor decisión para compañías globales de un sector que cada vez tiene mayores exigencias en transparencia por parte de los estados.

Así pues, destacamos por ejemplo, que el presente tratado estipula (siempre según el gobierno español) que "las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas" tendrán su residencia fiscal en España si obtienen en este país la mayor parte de sus ingresos, o cuando la mayoría de los propietarios o directivos residan en suelo español. Es de esperar, que para el sector del juego, que supone aproximadamente el 25% del PIB de Gibraltar, esta nueva consideración sobre la "residencia fiscal" pueda tener impacto a medio plazo ya que las grandes empresas ubicadas allí cuentan con gran parte de sus directivos viviendo en zonas residenciales en territorio español, además de contar con varios miles de residentes de los municipios españoles limítrofes como trabajadores que cada día la frontera para ejerecer sus funcionaes en el enclave británico.

Desde InfoPlay seguiremos atentamente las consecuencias que estas consideraciones presentadas puedan tener tanto para las empresas del sector como para el 
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