"Se contravienen los principios más básicos de libre competencia al excluir soprendentemente la publicidad de SELAE y ONCE"

"Resulta descorazonador ver cómo en un texto proveniente de una institución pública se demuestra un desconocimiento tan profundo de la realidad normativa. Así como de los datos de prevalencia de ludopatía que publica la propia administración a través del Plan Nacional Sobre Drogas", señala Mikel López de Torre.

"En su comunicado, el Defensor del Pueblo pide que se haga una referencia expresa al juego online en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego y de juego responsable. Cuando se trata de un proyecto de Real Decreto que regula específicamente la publicidad del juego online, que es la que compete al Estado. Y solicita, así mismo, que se realice un estudio sobre el trastorno producido por el juego. Cuando tenemos ya dos olas de estudios realizadas por la administración del estado que incluyen el juego problemático. Una en 2015, y otra en 2017 (el estudio Edades del Plan Nacional Sobre drogas), que arrojan exactamente el mismo dato de prevalencia de juego a pesar de llevar dos años de intervalo: el 0,3%", recuerda el Presidente de JDIGITAL.


"Adicionalmente, la Autoridad para las Garantías de las Comunicaciones (AGCOM) de Italia, ya ha revertido a todos los efectos el decreto italiano de prohibición de la publicidad de juego. Demostrando que, tal y como se advirtió desde el sector, la prohibición es una medida que incumple de forma evidente los principios de proporcionalidad de la norma. Que va contra las recomendaciones de la Comisión Europea precisamente en materia de protección de colectivos vulnerables. Y que contraviene además los principios más básicos de libre competencia. Al excluir de forma sorprendente la publicidad de SELAE y ONCE. Haciendo una distinción que ya cuenta con pronunciamientos contrarios tanto de la CNMC, como de la propia Comisión Europea".

Y concluye: "Como sector, siempre hemos estado y estaremos por una regulación normativa y una operativa que protejan a los colectivos vulnerables. Y que nos permitan seguir trabajando para que los consumidores españoles puedan disfrutar del juego como parte de una oferta de entretenimiento regulada, segura, y con todas las garantías. Independientemente de si la titularidad del operador de juego es pública, semipública, o privada".


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