La iniciación de un "procedimiento de Discovery" es la gran novedad que está siguiendo el sector del derecho y la abogacía en España. Y es que hablamos de un procedimiento de obtención de pruebas digitales que usa el Big Data y que es el elegido por la justicia norteamericana para resolver el complejo caso sobre la batalla legal por el control de
CODERE.
El "Discovery" se ha convertido en el sistema que la justicia civil estadounidense utiliza en casos en los que se requieren ingentes cantidades de pruebas en formato digital. Un procedimiento que solicitó expresamente el pasado 20 de abril de 2018 la familia
Martínez Sampedro en su batalla judicial contra Silver Point Capital y Contrarian Capital Management, los gestores de fondos que controlan hoy en día la multinacional española.
Con este procedimiento, la familia Martínez Sampedro pretende obtener pruebas sobre la presunta toma de control ilegal de
Codere por parte de
Silver Point Capital y fundamentar así el pleito mercantil en curso ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid y el arbitraje internacional iniciado ante la Cámara de Comercio Internacional de París.
Los tribunales de Connecticut dieron rápidamente una buena noticia a los
Martínez Sampedro, concediendo el Discovery y su uso en dichos procedimientos judiciales y arbitrales el 30 de abril de 2018, apenas 10 días después de que se formalizara la petición.
Este proceso se está convirtiendo en imprescindible para casos como éste ya que las empresas como
CODERE, absolutamente digitalizadas requieren de una revisión de millones de datos que puedan servir como pruebas en procesos judiciales. Así pues, mientras en Estados Unidos se ha apostado por el "Big Data", en España la mayoría de los abogados se enfrenta al sistema
Lexnet, mucho más simple
El uso de los sistemas big data, a través de la conocida como fase Discovery, permite la obtención de miles de documentos electrónicos de todo tipo que, tras ser analizados y organizados, pueden ser utilizados como pruebas en procedimientos judiciales o de investigación administrativa, lo que evita la aparición de sorpresas y permite que una mayoría amplia de los casos acabe en acuerdo previo entre las partes.
Este sistema de obtención de pruebas también sirvió para identificar las cuentas bancarias opacas del exdictador chileno Augusto Pinochet y se pudieron recuperar importantes cantidades para el Fisco. El procedimiento de Discovery tan solo pretende sacar a la luz la información que revele la verdad sobre los hechos acaecidos, por lo que, en caso de que dicha información no revelase ninguna irregularidad, las personas y entidades sujetas a Discovery no deberían tener problemas en revelar dicha información. Sin embargo, en el caso del procedimiento iniciado por la familia
Martínez Sampedro, los demandados en el Discovery, sobre todo
Silver Point Capital, han opuesto desde el principio una defensa radical para intentar el bloqueo o denegación de la solicitud de pruebas. En definitiva, se trata de un procedimiento de apoyo a procedimientos judiciales o administrativos para obtener evidencias sobre alguna de las partes, que está tutelado judicialmente en caso de negativa de la parte obligada a revelarlos y permite obtener archivos escritos, de audio, de vídeos, presentaciones, conversaciones de WhatsApp, etc.
Así, el 30 de abril de 2018, la Corte de Connecticut concedió a los abogados de la familia
Martínez Sampedro el Discovery para su uso en el pleito mercantil y en el arbitraje y abarcando el periodo temporal comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018 -ambos incluidos-. De esta forma, han logrado el acceso a multitud de información, aunque todavía hay abierto un pleito en la Corte para la obtención de cierta documentación adicional clasificada bajo el privilegio abogado-cliente, que podría resultar de relevancia. Según la documentación pública de este Discovery, parece ser que la familia
Martínez Sampedro considera relevante la puesta en conocimiento a la CNMV de la información aparecida en el mismo, por lo que ha solicitado autorización a los tribunales de Connecticut para poner a disposición del regulador español dicha información. Con independencia del resultado final de dicha solicitud, que deberá dilucidarse próximamente, lo que parece claro conforme a la legislación española es que la CNMV, en el ejercicio de sus facultades investigadoras, está plenamente facultada para requerir directamente dicha información tanto a la familia
Martínez Sampedro como al resto de partes involucradas.
Fuente:
BuenGobierno (El Economista)
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