Durante las exposiciones de los partidos del Botánic II tuvimos momentos muy duros y despectivos degradando nuestro sector, las formas utilizadas como medios no justifican el fin. Se escucharon frases como “ el sector de juego está compuesto por grandes corporaciones, que tienen mucho dinero y son muy poderosos,…. un sector dominado por un cártel,….grupos empresariales controlados por fondos de inversión… ejércitos de lobbies y de abogados… y que se ha expandido incluso por Latinoamérica,…. tan poderoso que utiliza las puertas giratorias…” enunciadas por parte del grupo Podemos, ante estas afirmaciones, además de estupor y pensamientos que no mentaré no cabe más que reafirmar aquello que venimos percibiendo y manifestando desde hace tiempo.

La aprobación de la Ley se ha convertido en una cuestión ideológica personal para los partidos del Botánic II, sin embargo, hay que destacar que no todos tienen el mismo sentir. Hay políticos que entienden el alcance de esta Ley y sus consecuencias incluso antes de la crisis sanitaria, que saben realizar su labor legislativa y equilibrar la balanza empresas–ciudadanos, pero no les permiten que sus aportaciones sean ni tan siquiera escuchadas.

Señorías diputados y parlamentarias, no somos delincuentes, ni narcotraficantes (cualquiera que haya sufrido en su familia los estragos de la droga le resultaría muy dolorosa esta comparación), ni perseguidos por la ley, por activa y por pasiva les hemos recordado que el juego en España está legalizado desde el año 78, fecha en la que muchos de ustedes aún no habían nacido, con todas las reformas que ha sufrido la Ley desde el año 88 se ha llegado a una regulación más que hiper-regulada. No lo habremos hecho tan mal cuando durante más de cuarenta años, las al menos veinte modificaciones de la ley a través de las leyes de acompañamiento a los presupuestos de la GVA han perfilado, modelado y legislado siempre respetando la libertad constitucional de empresa y los derechos del consumidor.

Se olvidan ustedes que el 99.8% del tejido empresarial valenciano está compuesto por miles de autónomos y micropymes familiares entre la 812 empresas de juego y 34.000 establecimientos de hostelería, lo que genera una productividad económica que contribuye a la economía valenciana en un 2.3% del PIB sólo en empresas de juego. En cuanto a empleo de hostelería que depende directamente de los ingresos del juego suponen 12.000 empleos directos, datos contrastados, indubitados y facilitados al Botánic II.

Todos los datos que el sector ha presentado están debidamente acreditados y contrastados. El informe de impacto de las medidas sellados por el Colegio de Ingenieros de Valencia, informes de ludopatía de la DGOJ y del Plan Nacional de Drogas,…en cambio, ellos no han presentado ni un solo estudio, ni informe sobre la situación de partida que reflejan en su Memoria, ni los preceptivos informes sobre el impacto, ni de los juristas de la Generalitat sobre la viabilidad de la norma. No podemos asimilar que estas cifras se pongan en tela de juicio permitiendo la duda sobre el impacto real de una industria que no es en modo alguno prescindible para la economía valenciana, y menos aún en estos momentos de cre-recesión post-Covid.

Ahora se pretende no legislar sino prohibir y restringir bajo el escudo de una protección social y sanitaria que nada tiene que ver con la realidad del juego presencial. El proyecto de Ley de juego no presenta programas ni medidas de protección a colectivos vulnerables sino que pretende cercenar las libertades del consumidor bajo la máxima de “si está prohibido estás protegido” y nada más lejos de la realidad, estamos ante las puertas de la proliferación de juego ilegal y clandestino que a lo largo de la historia siempre se ha incrementado durante las épocas de prohibición. Baste reseñar que durante esta pandemia se ha incrementado el acceso a las páginas web del juego online ilegal en España un 30%.

Para Compromis, “es absolutamente urgente y necesaria (no debe recordar todas las modificaciones reglamentarias), la proliferación de salones y casas de apuestas es alarmante y hay que pararlo, hay que proteger a la población, es una cuestión de salud…”. Les quiero volver a transmitir como en innumerables ocasiones que hemos hablado en los desayunos informativos con los medios de comunicación con luz y taquígrafos, con absoluta transparencia, que los empresarios no han hecho nada ilegal, que ustedes tenían un proyecto de Decreto que paralizaba la apertura de nuevos establecimientos desde febrero de 2018 , que establecía distancias a centros educativos, proyecto latente en un cajón, por lo que ustedes no han hecho su trabajo, bien porque no han querido o

por las cuestiones que consideren y ahora descargan toda su rabia e ira contra el empresariado por crear actividad legal.

En cuanto a la cuestión sanitaria, la problemática de salud pública, el incremento de la ludopatía y la alarma social, con la cantidad de datos que se les ha proporcionado los podían haber contrastado, no son datos del propio sector, sino informes públicos y/o publicados por entidades independientes al sector. Nosotros somos los primeros que no queremos que se produzcan trastornos por un mal uso del juego, nuestros bares y salones no los mantienen los menores, ni los usuarios con patologías de juego problemático, ellos no son nuestros clientes y no los queremos, ni mucho menos queremos crear un target con estas características, ni ahora ni a futuro, tal y como también les hemos transmitidos y ustedes asentían mientras hablábamos.

Y, por supuesto, siempre apoyaremos la recuperación de las personas que sufren un trastorno conductual, que no nos olvidamos, y por cierto desde el sector del juego presencial hemos puesto en marcha el programa de acreditación de juego responsable al que se han adscrito más de 10.000 locales de hostelería de la CV en el que se facilita información y contactos de ayuda si se detecta algún problema conductual.

También quiero recordar que la tasa especial sobre el juego se creó con adscripción finalista, se recauda a nivel autonómico como bien se sabe, el pasado año fueron 177 millones de euros en la Comunidad Valenciana, cantidad que tienen la libertad y la potestad de destinar a la ayuda para paliar los posibles daños colaterales que el juego ocasiona. Proponen en la Ley que destinarán una parte de las sanciones recaudadas (ninguna acta de sanción por menores en las 65.000 inspecciones realizadas en hostelería), dando por entendido que como somos infractores por naturaleza será una partida importante, cuando lo mejor para todos sería el destino total del impuesto especial. En cambio, las sanciones por juego ilegal se han incrementado un 35% en los últimos ejercicios.

Como bien ha dicho el PSOE hemos tenido muchos encuentros, muchísimos, y no han servido para nada, de todas las propuestas y justificaciones sólo y por inviable reconsideraron la aplicación de las distancias en hostelería. Los informes y datos aportados se han quedado en agua de borraja, siempre se han manejado los mismos datos (7.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos ), menos mal que eran informes como la Memoria Anual del Juego de la CV, Memoria de conductas adictivas, informe ETUDES, datos de la Operación Arcade, ponentes y contertulios de la Federación Valenciana de Hostelería, AVACU, de Unión de Consumidores CV, Asociaciones de Amas de Casa- TYRIUS, sindicatos, psicólogos y lo más difícil, llegamos a un entendimiento con todos salvo con los representantes políticos, que estaban, oían pero no escuchaban, el posicionamiento ideológico y populista estaba escrito desde hacía mucho tiempo.

En ningún momento nuestra intención ha sido aprovechar la situación de crisis sanitaria, tal como se nos acusa, somos conscientes de la gravedad de la situación y de los cambios económicos y laborales que supone y su impacto en el tejido empresarial y laboral. Nosotros sí que nos hacemos eco de las recomendaciones establecidas tanto por el Gobierno del Estado y Govern autonómico como por el del Consejo de la Unión Europea, CEOE, CEV, e innumerables informes de expertos. Todos coinciden en sus máximas de la protección del empleo y reactivación económica para alcanzar una normalidad. Nosotros no hacemos caso omiso a las recomendaciones, somos empresarios ante todo y queremos evitar los despidos y la ruina de las empresas del sector, pymes y autónomos en su mayoría.

Al igual que los diputados han podido explayarse, yo no quería ser menos y dejar constancia que al menos por nuestro lado las informaciones y datos transmitidos no han variado ni un ápice en todos estos meses salvo para actualizarse. En fin, no me quiero alargar más. La intención de esta declaración es transmitir el estupor que he sentido al oír las exposiciones de los Sindics de los diputad@s en las Cortes Valencianas, las formas exaltadas y los tonos empleados, el clamor y énfasis con el que proclaman que la Ley se aprueba sí o sí antes que se produjera la votación, (que luego no ha sido posible) y las actitudes de los mismos que han convertido el proyecto de la Ley de Juego en una cuestión personal del Botánic II, una V de Vendetta contra nuestro sector, nuestras empresas y empleados, y lo más preocupante es la intencionalidad de aprobar una ley ejemplar y pionera en su contenido que pretenden que se expanda por toda España, en este sentido les voy a dar la razón, ejemplar por no respetar los procesos de tramitación, ejemplar por no respetar la Constitución y, sobre todo, espero que todo esto sirva como ejemplo de lo que no se tiene que hacer.

Nuestro descontento es generalizado y sólo nos quedará seguir luchando en un Estado de Derecho para que se nos reconozcan nuestros legítimos intereses empresariales. ¿Era necesaria y proporcional ahora mismo debatirla y aprobarla en su caso, en la primera sesión plenaria, en el primer punto del orden del día, con prioridad incluso sobre la comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria de la Comunitat Valenciana y con una posible vulneración del reglamento de las Cortes?