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LA GENERALITAT INTERVENIDA

Cristóbal Montoro pretende mantener el control de la Caja aunque se forme gobierno en Cataluña

 
La coyuntura en Cataluña sigue estando marcada por una profunda división social; polarización extensiva a nuestra clase política y acaso originada en ella misma. No es nueva ni desconocida la desconfianza del Gobierno Central hacia la reciente gestión de la Generalitat de Catalunya en lo que ha sido denominado el procés. De hecho, la medida recientemente anunciada confirma y ahonda la suspicacia del ejecutivo de Rajoy en cuestiones de pagos a acreedores dentro de la posible financiación de «actividades no amparadas por la ley», en una referencia implícita a medidas relacionadas con el 'procés' y que desde Moncloa se presuman ilegales.
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Para ello y ampliando el uso del ya famoso 155, pretende mantener el control de caja a pesar de la formación de un nuevo Govern, algo aún por suceder y en cuyas negociaciones andan inmersos los diversos actores implicados. Medidas como el pago de deudas o la gestión de la tesorería a través de entidades de crédito fueron adoptadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el mismo día de las elecciones al Parlament, a pesar de no haber podido constatar este extremo hasta su publicación en el BOE, momento en el que ha cobrado plena vigencia. En el siguiente extracto podrán encontrar alguna de las conclusiones de la Comisión:

«Considera necesario acordar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan atender los servicios públicos fundamentales, de manera que aun tratándose de actuaciones que forman parte de la autonomía organizativa más estricta de dicha comunidad autónoma, al amparo del artículo 155 de la Constitución, resulta posible y necesario establecerlos de forma específica con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de dichos servicios fundamentales».

Con el pretexto de la garantía del funcionamiento de la Generalitat se han apretado las tuercas de lo lindo a la Autonomía Catalana, que sufrirá a partir de ahora crecientes controles de las actuaciones que ya se llevaron a cabo por el ente autonómico pero que están aún pendientes de pago.

Para dicho pago deberán aportar «un certificado firmado por el interventor general» de la autonomía con el fin de garantizar que «no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales». Tres cuartos de lo mismo sucederá en lo que a gestión de pagos y de tesorería se refiere. Será llevada a cabo a través de entidades de crédito para que la Generalitat pueda actuar en modo preventivo, y en caso de carecer de dicho documento «será preciso que junto a la orden de pago, se acompañe una declaración responsable, con la misma finalidad». Para obtener dicha orden también se requieren ciertos requisitos sin los cuales « dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso».

Invirtiendo el tiempo verbal y hablando en futuro, también hay novedades: Se “permite” que «cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios podrá adjuntar una declaración responsable» en la que se desmarque de «actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales».

No acaba ahí el control; si alguien «tiene dudas podrá comunicarlo al Ministerio de Hacienda».
Ya saben, Montoro responde.

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