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El PP no presentará enmiendas parciales a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio y se abstendrá en la votación de la ley

 
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura no presentará enmiendas parciales a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, conocida como LEGIO, y, además, se abstendrá en la votación de la norma, prevista para la sesión plenaria que tendrá lugar en la cámara autonómica el próximo 26 de julio.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Así lo ha anunciado el portavoz de Economía e Infraestructuras del GPP, Víctor Del Moral, quien ha señalado que a día de hoy el texto legal “no ofrece las garantías jurídicas” que, de manera reiterada ha reclamado su grupo parlamentario “antes, durante y después de todo el proceso” de elaboración de la ley.

En esta línea, ha recordado que el GPP reclamó al Ejecutivo de Fernández Vara que solicitara al Consejo de Estado un dictamen completo de la norma, sin embargo, se limitó a solicitar un informe parcial en relación a las competencias de la Junta con las del Estado por lo que “hay una parte importante” de la ley que no ha sido dictaminada y “es difícilmente enmendable porque vamos a ciegas a falta de informes jurídicos”, ha dicho.

Además, ha indicado que enmendar la parte sobre la que sí ha informado el Consejo de Estado, supondría “correr el riesgo de encontrarnos con dos redacciones, la del PP y la del PSOE, que serían difícilmente armonizables” entre sí, de tal modo que los ‘populares’ han optado por remitir directamente al PSOE una serie de apreciaciones sobre sus enmiendas”.

En este sentido, se ha referido aportaciones relativas a aspectos tales como la conveniente rebaja del requisito del número de hectáreas necesarias para la instalación de un proyecto y también al aumento de la fianza definitiva, como garantía en el caso de que un promotor abandonara un proyecto a medias.


Del Moral ha explicado que, aunque en su momento la vicepresidenta de la Junta aseguró que el Consejo de Estado había dado “luz verde” a la ley, la “realidad” es que el informe del órgano consultivo “ha sido absolutamente demoledor” en la parte de la ley sobre la que se ha pronunciado y la adaptación de la norma a esas consideraciones “desvirtúa por completo su intención original”.

Tal y como ha recordado, la ley de grandes instalaciones de ocio “pretendía reducir al máximo” el plazo de las tramitaciones ligadas a este tipo de proyectos, sin embargo, para adaptarse al informe del Consejo de Estado la ley “dejará de ofrecer todos esos beneficios que inicialmente pretendía”, porque “todos los plazos y tramitaciones” seguirán sujetos a las normas básicas nacionales en materia de medio ambiente y urbanismo, ha detallado.

Por tanto, la ley “queda reducida” a ofrecer un impuesto al juego más bajo para las empresas que decidan instalar casinos en Extremadura y a facilitar las expropiaciones de propiedades en caso de que los promotores no tengan el 100% de la titularidad del terreno. “La supuesta agilidad para las tramitaciones desaparecerá de la ley”, ha reiterado.

“Por eso no presentaremos enmiendas”, ha incidido Del Moral, quien ha comentado, igualmente, que la norma es “incoherente” entre lo que refleja su articulado y lo que está recogido en su exposición de motivos que se convierte en un “despropósito”, “con tremendas lagunas”, que “no” se pueden enmendar.

“Ojalá pudiésemos decir otra cosa y celebrar que, efectivamente, esta norma será la panacea que nos prometía el presidente Fernández Vara”, ha lamentado el portavoz ‘popular’. “Desde la misma lealtad con la que hemos intentado arreglar esto desde el principio, en este punto entendemos que los defectos de esta ley son demasiado importantes como para arreglarlos por lo que nos abstendremos de hacer enmiendas y también nos abstendremos en la votación de esta ley”.

“No queremos ser un obstáculo”, ha señalado Víctor Del Moral, quien ha indicado que, si el PSOE está convencido de que esta norma es “constitucional” y “plenamente legal”, “que siga adelante con ella”, porque el PP “va a estar siempre con el interés general”.

Según ha dicho, el GPP comparte el objetivo de atraer inversiones privadas a Extremadura porque, “después de 32 años de socialismo”, la región “necesita alternativas para que los extremeños dejen de marcharse. No obstante, ha defendido que las “expectativas generadas no se corresponden con la realidad que tenemos sobre la mesa con esta ley”. En definitiva, “mucho ruido y pocas nueces” con esta “mediática ley”, ha concluido Víctor Del Moral.
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