Desde la constitución del nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, la conversación pública alrededor del sector del juego ha crecido exponencialmente. Asimismo, el nombramiento de Alberto Garzón como Ministro de Consumo ha despertado el interés de los medios por conocer la opinión de los operadores en relación a las posibles medidas que se puedan aplicar.
Ante esta situación, el sector del juego tiende la mano al nuevo Ejecutivo y ofrece diálogo a la hora de negociar medidas de regulación. Así, desde asociaciones como Jdigital, celebran la formación de un Gobierno y destacan que “siempre han mantenido un diálogo fluido con todos los gobiernos y administraciones públicas, sea cual sea su color político”. Y recuerdan que están abiertos a colaborar como industria en defensa de un mejor marco regulatorio que proteja a los perfiles más vulnerables, como menores de edad y personas que puedan desarrollar conductas patológicas con el juego.
Por su lado, otras asociaciones como CEJUEGO se muestran cautas con las declaraciones y primeras promesas realizadas por parte de los grupos políticos del nuevo Gobierno. En palabras de Alejandro Landaluce, director general de CEJUEGO, “en campaña electoral se prometen muchas cosas que finalmente son difíciles de cumplir”.
Sobre la regulación específica en materia de publicidad del juego online, Jdigital ha compartido en reiteradas ocasiones su consenso a favor de que se regule la publicidad en este sector, con un desarrollo legislativo equilibrado y equitativo. Esto es, que se legisle de forma proporcionada, tomando en consideración las cifras oficiales. “Recordemos que según el Plan Nacional de Drogas la prevalencia del trastorno del juego en edades entre 15 y 65 años es del 0,3%”, indica Mikel López de Torre, presidente de Jdigital. Del mismo modo defienden una ley que dé el mismo trato al juego estatal que al juego privado, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Estas opiniones van en línea con las del presidente de EUROPER, Albert Sola, quien recuerda que “siempre hemos dicho que lo peor que hay en la economía es la competencia desleal por parte de operadores privados y públicos“.
En definitiva, a pesar de la cautela del sector del juego español en relación a las medidas que pueda adoptar el nuevo Ejecutivo en relación a esta industria, los operadores mantienen una actitud colaboradora con el regulador en pro de una legislación que proteja al consumidor y, especialmente a los menores de edad, de forma justa y proporcionada.
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