La plataforma SOS Hostelería ha manifestado la satisfacción de los hosteleros valencianos al conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admitió a trámite el recurso que han presentado contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”.
En relación con esta resolución de cierre, Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, ha expresado que “es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores”. En este sentido, el hecho de que el TSJCV haya admitido a trámite el recurso es “un balón de oxígeno para los hosteleros ya que existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco”.
Para Fidel Molina la concesión de la medida cautelar es fundamental para evitar “graves y perjudiciales consecuencias para los administrados”. El líder de los hosteleros valencianos considera que la Consejera de Sanidad “no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales”.
Según la demanda presentada por SOS Hostelería, “estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna”.
En opinión de Fidel Molina, la disposición impugnada “afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Tal y como informan desde SOS Hostelería, la demanda presentada a través de Romero & Llodrá, refieren que si bien en la resolución “ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica” no ofrece “motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales”.
Más específicamente, los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución “carece de justificación, no siendo ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad”.
En este sentido, reclaman que los informes técnicos a los que hace referencia la “Resolución” afirman que el origen del incremento en los contagios se deriva principalmente del ámbito social o familiar en reuniones con motivo de las últimas fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares.
Considerando lo anterior, Fidel Molina argumenta que ni la causa del repunte ni la solución al mismo pasa por
cerrar el sector de la hostelería, sobre todo considerando las estrictas medidas de bioseguridad implantadas.
En opinión de los hosteleros, “la imposición del cierre de la actividad hostelera supone la privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de empresa, a un sector tan amplio y significativo en nuestra Comunidad como son la restauración y la hostelería, por lo que, teniendo en cuenta el carácter extraordinario y especial que supone el cierre total de empresas y la suspensión de éstas actividades, así como las implicaciones que las medidas suponen, desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico, la Resolución debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas”, ha concluido Molina.
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