¿Habría que invitar a Nadia Calviño a conocer mejor la industria del juego?
El gobierno de coalición ha arrastrado taras ideológicas, sesgadas y populistas que están lejos de un gobierno con sentido de Estado y responsabilidad. El Partido Popular puso ayer sobre la mesa la cuestión primordial. Alberto Garzón ha diseñado una ley de la publicidad del juego online (privado) que se basa en afirmaciones sin argumentos, sin respaldo científico, sin pruebas y sobretodo sin analizar realmente el impacto económico. Estoy segura que si el Ministerio de Economía hubiera conocido de primera mano al sector, a la industria, nada de esto hubiera pasado.
Hay que replantearse el impacto de una ley que regulará la publicidad del juego bajo el supuesto de amenaza para la salud pública. Una afirmación que el propio Ministerio de Consumo negó en una conversación semi privada que ya conocemos todos.
Por eso, el Partido Popular da en el clavo: reprocha a Garzón no tener estudios rigurosos y económicos sobre el impacto de su nueva regulación de la publicidad del juego online (privado). La noticia y los razonamientos clavés surgieron ayer en los argumentos de Elena Castillo del Partido Popular en el Congreso.
La Comisión Mixta Congreso y Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones rechazó este lunes instar al Gobierno a promover campañas de prevención de la ludopatía y reconocer el rol de la familia en este ámbito tal y como, a través de sendas proposiciones no de ley, solicitaban, respectivamente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario de Vox.
JACQUELINE MECINAS | MADRID
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SERVIMEDIA informa:
Por lo que respecta a la presentada por el PP sobre la puesta en marcha de campañas para la prevención de la ludopatía y riesgos del juego, la diputada Elena Castillo recordó que se trata de un asunto que “debe abordarse de una forma seria e integral”, por lo que denunció la “irresponsabilidad” de la que, a su juicio, ha hecho gala el ministro de Consumo, con competencias en juego online, Alberto Garzón, “demonizando” al sector y situando esta problemática “como un problema de salud pública, sin disponer de ningún estudio riguroso que avale esta afirmación”.
“El juego es una actividad perfectamente legal, pero que tiene implicaciones de las que todos tenemos que ser conscientes”. “Por lo tanto, centrémonos en la prevención, en la educación y en la lucha contra la ludopatía, pero sin demonizar a un sector que genera puestos de trabajo, que paga sus impuestos y, lo más importante, que es público y privado”, abundó, convencida, además, de que "todo jugador patológico" ha sido antes un jugador con problemas, pero no todo jugador con problemas acaba siendo patológico.
De este modo, propuso el impulso a un Plan integral de lucha contra la ludopatía y los riesgos de juego 2021-2025, “consensuado, con un diagnóstico técnico, científico y cuantificado económicamente”. Un plan que “nazca de la colaboración con las comunidades autónomas y siempre dentro del seno del Consejo de Políticas de Juego", en el que se tenga "en cuenta" al sector privado para poner en marcha iniciativas de juego responsable y con el fin de que la actividad se desarrolle "con el máximo control e inspección rigurosa para garantizar la protección de aquellos colectivos más vulnerables”.
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