El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) denuncia que la Generalitat Valenciana incumple las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaboradas para el control de la pandemia, al mantener los establecimientos de juego (casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas) cerrados desde el mes de enero a pesar de que la Comunidad está en el nivel de alerta más bajo.
La principal patronal del juego privado en España ha explicado a través de un comunicado de prensa que esta situación pone en riesgo el futuro y la viabilidad del sector en la Comunidad Valenciana, del que dependen 7.000 puestos de trabajo directos, 30.000 empleos indirectos, y 133 empresas (muchas de ellas pymes familiares). Desde el sector, se estima que las pérdidas por este cierre podrían alcanzar los 129 millones de euros.
Considerando los datos sanitarios actuales, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, resalta que “no es comprensible que la Generalitat mantenga cerrados los establecimientos del juego cuando la Comunidad se encuentra en el nivel más bajo de riesgo de transmisión del COVID-19 y que además incumpla las recomendaciones del Consejo Interterritorial, del que la propia Generalitat forma parte. Con esta decisión que, a nuestro juicio, obedece más a criterios ideológicos que sanitarios, el Gobierno de Ximo Puig está abocando a todos los empleados que dependen de este sector y a las 133 empresas a una situación límite sin ingresos y sin poder ejercer su actividad”.
En este sentido, el sector el documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19’, el cual fue elaborado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y donde queda establecido que sólo se suspenderá la actividad en las zonas de los interiores de las salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en el nivel de alerta 3 y 4.
Ahora bien, en el nivel de alerta 1, en el que se encuentra la Comunidad Valenciana en la actualidad, se establece su apertura a un máximo del 50% de su aforo en el interior, con una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas, y garantizando la distancia entre mesas de al menos 2 metros. Por su parte, en el nivel de alerta 2, el Consejo Interterritorial recomienda la apertura de un máximo del 1/3 de su aforo en interior, una agrupación máxima de 6 personas y la prohibición del consumo en barra.
La Comunidad Valenciana en su conjunto se encuentra en nivel de alerta 1 o riesgo bajo. Con datos consolidados hasta el 7 de abril, la incidencia acumulada a 14 días es de 31,64 por 100.000 habitantes. En este contexto, la Generalitat decidió el 9 de abril modificar y flexibilizar algunas medidas vigentes desde enero. Sin embargo, el gobierno autonómico no ha incluido al juego dentro de estas flexibilizaciones, a pesar de la mejora epidemiológica.
En esta línea, para el sector no hay ningún dato sanitario que justifique que se restrinja el derecho de los operadores del juego y empleados a ejercer su actividad, obligando a bingos, casinos y salones de juego a permanecer cerrados totalmente sin ofrecer desde el Consell ninguna alternativa. Desde CeJuego, recuerdan además que sus establecimientos cuentan, entre otras medidas, con control y limitación de aforo, personal para garantizar las distancias de seguridad, mamparas, desinfección permanente y sistemas de ventilación para renovar el aire de los locales de manera constante.
Ante este escenario, la patronal insta a la Generalitat Valenciana a “cumplir con lo acordado en el Consejo Interterritorial y permitir la reapertura de los establecimientos de juego, y poner fin así a una situación insostenible que se prolonga desde enero, siendo la única comunidad autónoma en estas circunstancias”. Asimismo, recuerdan que esta grave situación del sector en Valencia también está afectando a las arcas de la Generalitat, ya que está dejando de ingresar cerca de 26,3 millones de euros por los impuestos del sector.
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