La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA, por sus siglas en inglés) pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tome medidas enérgicas contra las casas de apuestas deportivas, los casinos en línea ilegales y las máquinas de "juegos de habilidad" no reguladas en una nueva carta al Fiscal General Merrick Garland.
Bill Miller, presidente y director ejecutivo de AGA, aclara que, si bien el juego ilegal no es algo nuevo, “la manera descarada y coordinada en que ocurre, tanto en línea como en las comunidades, ha elevado este problema a un nivel que requiere una atención federal significativa”.
Por este motivo, expresa la solicitud oficial de la asociación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de dar prioridad a esta problemática “para proteger a los consumidores estadounidenses, tomar medidas enérgicas contra los operadores ilegales y hacer cumplir las regulaciones federales".
La carta de AGA describe la naturaleza generalizada del juego ilegal y la amenaza que estos operadores no regulados representan para los consumidores, las economías estatales y la industria del juego legal como parte de la iniciativa en curso de la asociación para acabar con el mercado ilegal.
Más específicamente, la AGA reclama al Departamento de Justicia las siguientes acciones:
- Continuar educando a los consumidores sobre las opciones de juego legal y los peligros asociados con las operaciones ilegales.
- Investigar y acusar a las operaciones extraterritoriales más grandes, como Bovada, MyBookie y BetOnline, que violan abiertamente las leyes federales y estatales.
- Aclarar que los fabricantes de máquinas "basadas en habilidades" deben cumplir con los requisitos de registro de la Ley Johnson y los estándares contra el lavado de dinero y emprender acciones de cumplimiento agresivas contra aquellas entidades que no cumplan por completo.
Bill Miller ha informado además que “Se ha puesto sobre aviso a los operadores ilegales: sus días como flagelo en nuestra nación están contados”. Asimismo, hace énfasis en que “Estos malos actores se aprovechan de los clientes vulnerables, no ofrecen protección al consumidor, no garantizan la integridad o el juego limpio, y no generan ningún beneficio económico para los estados o las naciones tribales”.
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