El jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional, David Calvete, se ha convertido en el gran protagonista de la semana gracias a sus contundentes y esclarecedoras declaraciones en varios medios de comunicación generalistas. Con un discurso cargado de actualidad y conocimiento operativo, Calvete ha descrito sin ambages la nueva dimensión del juego ilegal en España, su conexión directa con el crimen organizado y el papel clave que desempeñan las nuevas tecnologías y las criptomonedas.
“No hablamos solo de timbas en un sótano; hablamos de redes bien estructuradas y peligrosas”, sentencia.
Durante su participación en la Jornada Técnica sobre Ludopatía, celebrada en Burgos, Calvete explicó que el fraude en el juego ha evolucionado profundamente.
“El juego en España nació de la mano de la Brigada del Juego, pero ha evolucionado a algo más complejo”, señaló. Hoy, el foco está en redes criminales que manejan herramientas tecnológicas avanzadas, usan criptomonedas y pasarelas de pago anónimas y cometen delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta la corrupción deportiva y el fraude fiscal.
Desde 2017, Calvete coordina operaciones desde el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA), creado tras el escándalo del caso Osasuna para combatir los amaños deportivos. Sin embargo, la actividad del centro va más allá del ámbito deportivo: se investigan usurpaciones de identidad, estafas a la Seguridad Social, fraude en subvenciones públicas y alzamiento de bienes.
“Lo que buscan es un movimiento rápido para evadir capital. Son grupos con grandes conocimientos tecnológicos”, explica David Calvete.
Calvete también alertó sobre la exposición creciente de menores de edad al juego online, dada su vulnerabilidad ante el acceso libre a dispositivos móviles, la falta de supervisión familiar y el anonimato en internet.
“Hay que estar pendientes de la evolución y comportamiento de los hijos. La clave está en la comunicación”.
Las señales de alarma —aislamiento, uso excesivo del móvil, nerviosismo al perder acceso al terminal— deben ser detectadas no solo por las familias, sino también por el ámbito educativo.
Por otra parte, David Calvete elogió el trabajo realizado en Burgos, donde en 2024 la Policía Nacional realizó 1.052 inspecciones a establecimientos de juego y supervisó 650 máquinas. Se levantaron 14 actas por infracciones menores —ninguna relacionada con menores de edad—. Según Calvete, desde esta provincia “se hace un seguimiento exhaustivo” y existe un compromiso extraordinario con las operaciones a nivel nacional y europeo.
Uno de los aspectos más preocupantes es la venta de identidades falsas en el mercado negro: “Se puede obtener un paquete de identidades por 30 o 40 euros”, denunció. Las consecuencias son graves para los ciudadanos que sufren fraudes a su nombre y deben luego responder ante Hacienda. Por ello, se ha trabajado en establecer protocolos de protección y resarcimiento para los afectados.
“Este no es un problema menor. Es crimen organizado, sofisticado, con conexiones internacionales. Y hay que abordarlo como tal”.
David Calvete ha puesto sobre la mesa con claridad lo que muchos intuían: el juego ilegal ya no es marginal. Es parte de una estructura criminal que amenaza la integridad deportiva, la economía formal y la seguridad ciudadana. Su voz, respaldada por datos y experiencia, se consolida como una de las más autorizadas y necesarias en el panorama actual del juego en España.
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