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Durante su intervención, Espinosa centró su análisis en la eficacia real de las medidas planteadas para proteger a los menores y colectivos vulnerables, advirtiendo que una prohibición total de la publicidad en el mercado regulado “tiene un efecto muy reducido o nulo sobre el juego de menores” si no se acompaña de una estrategia integral contra el mercado ilegal online, que es, según subrayó, “donde los menores están jugando realmente”.

“Los menores no juegan en el mercado regulado”

“El efecto sobre la protección del menor en el mercado regulado es reducido, si no nulo, porque por principio los menores no deben ni pueden jugar en el entorno regulado. Si esto está sucediendo, los instrumentos deben ser otros, mucho más directos que la publicidad”, explicó Espinosa.

En este sentido, insistió en que la publicidad no es el factor determinante del acceso de los menores al juego y que, por tanto, una prohibición publicitaria “no tiene impacto significativo sobre su comportamiento”.

“En el caso español, la tasa de juego entre menores se ha mantenido prácticamente igual antes y después de la aprobación del decreto restrictivo de 2020: del 10,3 % al 10,7 %. Esto demuestra que la correlación entre prohibición publicitaria y juego en menores no existe, porque los menores juegan en el mercado ilegal, que sigue activo y accesible”, afirmó.

Publicidad, mercado ilegal y eficacia regulatoria

En su análisis, Espinosa señaló que las medidas regulatorias deben evaluarse desde el punto de vista de su eficacia real y su relación coste-beneficio. A su juicio, la prohibición publicitaria puede limitar la visibilidad del mercado regulado y fortalecer al ilegal, lo que perjudica los objetivos de protección social.

“La existencia de una oferta ilegal es el principal factor disruptor para la sostenibilidad social del juego. Cuanto mayor sea esa oferta frente a la regulada, más inútil es prohibir la publicidad legal, más se beneficia el mercado ilegal y más urgente es reconducir la demanda hacia el entorno regulado”, advirtió.

Datos de la experiencia española

Espinosa recordó que España reguló el juego online en 2011 y que hasta 2020 no se aprobó un decreto específico sobre publicidad. Durante ese periodo, la canalización al mercado regulado aumentó del 42 % al 82 %, mientras que tras la aprobación de la norma descendió ligeramente al 78 %.

Además, el porcentaje de jugadores problemáticos disminuyó del 0,9 % al 0,7-0,8 %, lo que demuestra que canalizar el mercado permite implementar medidas de control y protección. Sin embargo, el juego entre menores se mantuvo invariable, evidenciando que la publicidad no influye en su comportamiento porque no acceden al mercado legal.

Medidas eficaces: persecución del mercado ilegal y educación

Para Espinosa, si el objetivo regulatorio es proteger a los menores y colectivos vulnerables, las acciones deben centrarse en debilitar la oferta ilegal y reforzar la educación y la prevención:

“Hay que actuar contra los afiliados, influencers y campañas en redes que promocionan la oferta ilegal, bloquear páginas, intervenir en SEO y SEM, e impulsar programas de divulgación dirigidos tanto a menores como a padres y tutores. Solo así se puede reducir el juego en menores de manera real y sostenible.”