En una sentencia de más de 30 folios, la juez federal
Sylvia Rambo ha explicado que la ley que estaba vigente en Pennsylvania y que prohibía a profesionales y propietarios de empresas del sector del juego financiaran a asociaciones y partidos políticos es -en su opinión- anticonstitucional y que aunque el fin con la que se creó -eliminar la corrupción- es totalmente loable, en este caso debe primar el derecho a la asociación política. Un elemento que en Estados Unidos está históricamente relacionado con la posibilidad que tienen partidos y asociaciones en financiarse a través de las donaciones privadas.
Es por todos conocido el importante papel que han tenido magnates del juego en la financiación de partidos políticos (principalmente hacia al partido Republicano). De hecho, en las elecciones presidenciales, la visita de los candidatos a Nevada suele relacionarse con la importancia de conocer de primera mano las necesidades de algunas de las personas que más han financiado sus campañas.
En este caso, la legislación estatal prohibía la financiación de candidatos a elecciones municipales y para el senado (de competencia estatal).
Con esta revisión a la legislación estatal, se da un paso más para la normalización del sector del juego en Estados Unidos, que cuenta aún con varias leyes a nivel estatal que explícitamente controlan algunos aspectos que de forma indirecta lo seguían demonizando.
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