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Una ley hecha a la medida de sus intereses

Todos estaremos de acuerdo en que una regulación de la publicidad del juego online era necesaria. Pero de ahí, a lo que se viene, hay un trecho.

El impulso de esta novedosa regulación lo tenemos en el nuevo Ministerio de Consumo, el cual ha adquirido las competencias que le correspondían a la DGOJ para crear una normativa extremadamente dura que parece atender a dos únicos fines: sus intereses políticos y el fomento del juego público en detrimento del privado.
Constantemente oímos disparates sin ningún criterio ni argumento sobre un sector que mueve más de 40.000 millones de euros al año, más del 1% del PIB y que es uno de los más regulados de toda Europa. No hay datos ni informes que apoyen ese tipo de discurso, más allá de un informe de Sanidad que mantiene la prevalencia del juego compulsivo en un 0.3%, misma cifra que los últimos años.

No obstante, Alberto Garzón, titular de la cartera de Consumo, se saca de la manga datos aparentemente sin fundamento: 1 de cada 4 jugadores desarrolla una patología, el consumo de juego online ha aumentado durante el confinamiento, etc. Los informes de la propia DGOJ y Ministerio de Sanidad, lo desmienten.

La finalidad de estas afirmaciones no parece otra que llevar a cabo el plan antes mencionado. Acabar con el juego privado, y que la gente sólo juegue en los juegos del Estado (SELAE).

La pasada semana, vimos cómo se invertían más de 150.000€ en patrocinios deportivos (Natación, Gimnasia, Hockey…). Además, en la Vuelta a España pudimos observar como patrocinadores oficiales, juntos y de la mano, Cofidis y las Loterías y Apuestas del Estado.

Para SELAE, nada ha cambiado. Al contrario, tienen más cancha para ofrecer patrocinios y publicitarse donde las casas de apuestas lo tienen prohibido. Es factible que pronto los veamos anunciados en el fútbol. Objetivamente y siempre desde el fomento de un juego moderado y responsable, resulta difícil entender la diferencia entre hacer creer a la gente que es posible hacerse millonario con el Euromillones o el Cuponazo, incluso que haces una buena labor social comprando el Rasca de la ONCE, algo que parece no distar mucho de apostar un par de euros a la victoria de tu equipo favorito el fin de semana.

En medio de una pandemia que probablemente dejará a España en la peor situación económica desde la postguerra, al Ministerio de Consumo no se le ocurre otra idea que prohibir una actividad legal, regulada, y en pleno auge que invirtió durante 2019 más de 300 millones de euros sólo en publicidad.
Veremos ahora qué empresas se atreven a invertir las ingentes cantidades que dedicaban las casas de apuestas. No sólo equipos de fútbol, también periódicos, agencias de marketing y medios digitales. Y veremos cuantas familias arruina (en esta ocasión de forma verídica) la prohibición de publicidad.

La nueva ley y medidas que pretenden imponer no protegen al jugador, ni al sector, ni a la población. Sólo protegen sus propios intereses políticos. Todos podríamos enumerar decenas de medidas que si ayudarían a reducir aún más la ludopatía, pero ninguna de ellas es la prohibición, sino la educación. Porque no debemos olvidar que hay un sector que está frotándose las manos, deseoso de que empiecen las prohibiciones a los operadores con licencia, que llegará con más fuerza que nunca (como ya hicieron durante el confinamiento): el juego ilegal.

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