La plataforma de Trabajadores y Trabajadoras del juego de Castilla y León ha informado que el pasado 12 de marzo conversaron con un representante del Ministerio de Consumo para trasladar la problemática surgida durante los últimos meses, y la alarma social creada frente al juego presencial privado, en una paradójica situación de inequidad frente al juego estatal o de otras organizaciones, o incluso el juego on line.
En este sentido,
desde la Plataforma explican que el representante de este ministerio manifestó que el problema no era tan grave como se decía. Este hecho ha causado revuelo entre los trabajadores, dado que una de las cuestiones fundamentales ha sido la demonización, no sólo de un sector o de la patronal, sino de las propias plantillas, que han llegado a sufrir amenazas e insultos a través de las redes sociales, o en los propios centros de trabajo.
Tras estas declaraciones, la Plataforma pidió una reunión con el Ministerio para buscar soluciones y trabajar en las inequidades en materias como la regulación de la publicidad, o el control de prohibidos, inexistentes o ineficaces en otros sectores.
Asimismo, la plataforma ha informado en un comunicado de prensa que después de una tensa reunión donde el Ministerio se ha escudado en su falta de competencias, desde el organismo oficial han explicado que están trabajando en la coordinación del registro de prohibidos a nivel de todo el estado y en la regulación del juego on line.
Sin embargo, no han atendido a las peticiones de crear una mesa de juego responsable estatal, o de regular la publicidad del juego estatal o de fundaciones, al cual se puede acceder con menores y sin ningún tipo de control, y cuya publicidad se basa en vender ilusión.
Los trabajadores califican esta publicidad engañosa, y dicen que “es muy peligrosa, dado que asocia continuamente este tipo de juego con valores familiares, de amistas, unión o felicidad. Sin embargo, no hemos conseguido arrancar un compromiso en la regulación de este, ni tampoco en el establecimiento del control de prohibidos en estos puntos de venta, o la prohibición del acceso a menores. El Ministerio puede carecer de competencias, que atañen a las Comunidades Autónomas, pero tampoco han tenido disposición para actuar como mediadores ante nuestra problemática, ni sensibilidad a la hora de analizar la problemática crisis que afecta a muchas familias”.
NOTA DE PRENSA COMPLETA
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