En un comunicado sobre la actuación de la Comisaría Provincial de Burgos por una venta de lotería irregular en un locutorio de Burgos, se hace un repaso de la actuación del Grupo de Juego de la Policía Nacional en la región de Castilla y León.
En un primer lugar, la noticia informa que
“La investigación de los agentes permitió la localización del locutorio donde se había producido la venta irregular y la identificación de la persona responsable del mismo. Las indagaciones han permitido establecer que ese local distribuía, física y telefónicamente, boletos de lotería de ese país que generaba a través de un terminal electrónico. La lotería adquirida se abonaba en el locutorio o a través de diversas cuentas corrientes vinculadas a la persona investigada”.
Y después hace referencia a labores de inspección en establecimientos de juego:
La Ley 4/1998 de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las funciones de inspección y control del juego y de las apuestas, llevando a cabo el Grupo de Juego de la Policía Nacional dichas funciones en toda la provincia.
Esta labor inspectora que realiza la Policía Nacional tiene una doble finalidad. Por un lado, detectar incumplimientos respecto a la normativa vigente y proponer las medidas correctivas y de sanción y, por otro, concienciar a los responsables y empleados de los establecimientos de juego de la necesidad de ser metódicos e inflexibles en el cumplimiento de la legislación, por la gran relevancia que esta actividad puede tener en el desarrollo de las personas que lo practican.
Y subraya a continuación el alto nivel de cumplimiento de la normativa de las empresas tanto a nivel de sanciones en general como de inspección de medidas para prevenir el COVID. Dice así:
El Grupo de Juego de la Comisaría Provincial realizó en el año 2019 un total de 946 inspecciones a diferentes establecimientos públicos de toda la provincia (bares, salones de juegos, bingos y casas de apuestas) siendo levantadas 16 propuestas de sanción por diferentes incumplimientos.
En el año 2020, debido a las restricciones de apertura y movilidad, las inspecciones superaron el medio millar, con apenas una decena de propuestas de sanción, lo que indicaría el alto nivel de cumplimiento, en general, de la normativa por parte de las empresas concesionarias.
Además, en el transcurso de estas inspecciones los agentes también supervisan el estricto cumplimiento de las medidas para prevenir la COVID-19 dispuestas por la Junta de Castilla y León respecto a aforos, distancias de seguridad y horarios de apertura.
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