La Diputación General de Aragón ha admitido a trámite las primeras reclamaciones patrimoniales por las pérdidas ocasionadas por las medidas restrictivas contra la COVID-19 y que fueron presentadas por bares, restaurantes, y salones recreativos, entre otros.
Los afectados han tomado como base de sus reclamos la Ley Orgánica 4/1981, norma que estable que quienes por consecuencia de estados de alarma “sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados”.
Ante la posibilidad de no obtener respuesta por vía administrativa, los afectados están dispuestos a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el cual en otros procesos ha pedido a la Administración que explique el porqué de los cierres
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