Ayer domingo, 25 de julio, el diario ABC hacía una semblanza de la carrera profesional de Alejandro Landaluce y sus años en CEJUEGO al tiempo que el Director de la Confederación explicaba la inutilidad de una Ley que quiere atajar un problema inexistente: el de los menores en establecimientos de juego.
Alejandro Landaluce ponen en valor la capacidad de la industria del juego como motor de empleo: "Son muchos los empleos generados por el juego presencial que están en peligro debido a los sucesivos brotes del virus, a la pérdida de poder adquisitivo de los clientes y al temor a socializar de muchos de ellos. Dadas estas condiciones, lo único que se puede asegurar del panorama para la industria del ocio es la incertidumbre. Solo aquellas empresas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios serán capaces de sobrevivir en los meses venideros. Hay que añadir que, durante la pandemia, la ola mediática contra el sector del juego ha estado más viva que nunca, mientras que la corriente y la disposición de la mayor parte de las administraciones ha sido muy negativa para la industria. Hemos luchado constantemente en desventaja".
Alude al problema inexistente: "No hay un problema de juego de menores en los locales de juego de Castilla La Mancha, y eso lo sabe el Gobierno. La medida de poner unas distancias mínimas de seguridad a centros educativos se debe más a un eslogan que a una necesidad. Es cierto que hay centros escolares cerca de locales de juego, como es cierto que los hay cerca de bares, administraciones de lotería, bancos y, en general, de todos los comercios. La razón es sencilla: los colegios buscan tradicionalmente las mismas localizaciones que el resto de actividades".
Y apela a la persecución y estigmatización: "Hasta la fecha, en democracia no se había estigmatizado una actividad poniendo cordones de seguridad caprichosos y aleatorios a centros educativos. Los bares venden alcohol y el alcohol está prohibido para los menores, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Poner distancias de los colegios a los bares? Pero es que además, en el caso de Castilla La Mancha, la ley afecta a los locales que ya operan a la hora de su renovación; es decir, tendrán que cerrar al llegar ese momento si no cumplen con esa condición, algo que va en contra de principios constitucionales como la libertad de empresa y la seguridad jurídica".
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