Una vez conocidas las explicaciones de la ONCE para no pagar un premio de 400.000 euros en el diario ABC y tras la publicación de la escandalosa noticia y acusación de una familia en Valencia, ANESAR valora la postura de la ONCE.
Para Juan Lacarra, secretario general de ANESAR nos cuenta:
"Sin ser un experto en esto creo que, por desgracia, pueden tener razón, y en esto precisamente reside la incongruencia, la discriminación y lo que es peor, la nula protección a los llamados colectivos vulnerables. En resumen, el despropósito. Y esto no solo es predicable de la ONCE, también de SELAE".
El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego es precisamente eso, un mecanismo de protección para que el que pueda presentar un problema, porque sea menor o por lo que sea, no acceda a los juegos. No puede ser que acceda libremente y luego, sólo en el caso de que le toque un premio, no se le pague porque está autoexcluido o es menor de edad. En resumen: cobro el juego y me quedo con el premio. Increíble. ¿Qué protección se les está brindando a estas personas?.
Siempre hemos entendido que lo que no deben hacer es jugar. Así es en los establecimientos de juego privado: no pueden poner un pie dentro, ni para tomar un café. Es un mecanismo de protección para alejarles de la posibilidad de jugar, no de cobrar los premios. ¿Este es el juego responsable que pregonan los operadores públicos? Ellos tienen y gestionan las bases de datos de autoexcluidos; les resultará muy fácil hacer la comprobación previa a comprar sus productos, no a cobrar los premios.
Pero a lo que se dedican es a hacer publicidad y firmar contratos publicitarios millonarios para atraer público joven. El mismo Gobierno que nos critica a las empresas privadas con la justificación de la protección a los colectivos vulnerables, brinda esta protección y prerrogativas a los operadores públicos, y cuya otra cara de la moneda es precisamente la desprotección de estos colectivos".
El Presidente de ANESAR, Pepe Vall pone la puntilla:
"Es como si las personas que trabajan en empresas publicas no se les pidiera carnet de conducir mientras trabajan para el gobierno, es decir no deben cumplir las normas que hay para todos por el simple hecho de ser los que regulan y controlan".
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