CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ha emitido un comunicado expresando su descontento ante la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señalando que más de la mitad de dicho aumento se destina a la recaudación a través del IRPF y las cotizaciones.
En el comunicado, CEIM critica la inseguridad jurídica y la inestabilidad política promovida por el Gobierno central, resaltando la falta de apoyo del diálogo social y las cesiones que van en contra de la libertad empresarial, acentuando la desigualdad entre comunidades autónomas.
Los empresarios de Madrid defienden que cualquier incremento del SMI debe ir acompañado de medidas que fomenten la productividad y la competitividad empresarial para evitar impactos negativos en la generación de empleo y la economía en general.
CEIM destaca que el Gobierno es el principal beneficiado por el aumento del SMI, ya que más de la mitad de la subida se destina a la recaudación a través del IRPF y las cotizaciones. Sugieren que el Gobierno podría mejorar la retribución real del trabajador reduciendo el IRPF y las cotizaciones sin comprometer la productividad de las empresas españolas.
Además, CEIM califica de ilegal la propuesta del Gobierno para modificar la Ley de Sociedades de Capital, sancionando a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Consideran que estas cesiones aumentan la desigualdad entre comunidades autónomas, afectan la estabilidad institucional y perjudican la imagen de España en el exterior.
Los empresarios madrileños instan al Gobierno central a adoptar medidas que incentiven la economía, eliminando trabas burocráticas y reduciendo la presión fiscal. Destacan la estrategia fiscal de la Comunidad de Madrid como un ejemplo que busca simplificar la burocracia y apoyar el emprendimiento.
CEIM también señala la percepción entre las empresas madrileñas de que los fondos del Plan de Recuperación no llegan adecuadamente al tejido empresarial, urgiendo a corregir este desequilibrio en la distribución de fondos a nivel nacional.
En conclusión, CEIM hace un llamamiento al Gobierno central para crear medidas que generen seguridad jurídica, estabilidad institucional y crecimiento empresarial, mientras aplaude las políticas de la administración de la Comunidad de Madrid.
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