El ministro de Derechos Sociales recuerda que el Supremo tumbó el decreto de publicidad del juego por una cuestión formal y no de contenido. Bunstinduy elude referirse a los rascas de la ONCE, que lideran los índices de juego problemático entre jóvenes, y se centra en criticar las apuestas online, las tragaperras y las promociones dirigidas a menores.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Gobierno incorporará en la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela todas las medidas del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales del juego, anulado por el Tribunal Supremo en abril de 2024. Así lo ha confirmado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, en la que ha defendido la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables frente a los riesgos del juego online.
“Con este asunto, pues también en esa Ley de servicios de atención a la clientela, se incorporarán todas esas medidas que el Supremo anuló por una cuestión de rango normativo. No era por el contenido y eso implica las restricciones a la publicidad en redes sociales, la utilización de la imagen de famosos, los bonos de bienvenida que se dirigen especialmente a los jóvenes”, afirmó Bustinduy.
El ministro subrayó que este tipo de incentivos buscan fidelizar desde edades tempranas, lo que representa “una condición de vulnerabilidad” ante prácticas potencialmente adictivas. “
Queremos asegurar que el entorno en el que se da el juego sea seguro y, por tanto, garantizar que cada cual pueda tomar las decisiones y las opciones que quiera, pero siempre dentro de un contexto transparente, seguro y fiable”, añadió.
Bustinduy también destacó el funcionamiento del registro de interdicción de acceso al juego, una herramienta voluntaria en la que ya se han inscrito cerca de 100.000 personas. “
Son jugadores y jugadoras que deciden inscribirse en este registro para no tener más acceso. Eso es en casos en los que han tenido experiencias, pues digamos, muy difíciles. Ese registro está funcionando muy bien”, explicó.
El ministro defendió un enfoque combinado, preventivo y paliativo, para “neutralizar los riesgos del juego online”, especialmente en personas jóvenes. Al ser preguntado sobre las loterías del Estado, Bustinduy reconoció que el riesgo depende del tipo de práctica.
“Está demostrado que las prácticas más peligrosas, por ejemplo, son las que ofrecen una gratificación o una recompensa inmediata. El ejemplo clásico son las tragaperras. Esas son las que tienen —o las apuestas online, por ejemplo— una capacidad adictiva y de pérdida de control de los patrones de juego mucho más alta”, señaló.
En cambio, las loterías con gratificación más tardía implican un riesgo menor y, según el ministro, están
“culturalmente muy integradas” en la sociedad.
“La Lotería de Navidad o la Grossa en Cataluña forman parte de un entramado social y cultural. No creo que sea algo que se deba criminalizar ni equiparar todas las actividades”, precisó, aunque advirtió que “hay modelos y patrones extraordinariamente especulativos que intentan aprovecharse de poblaciones vulnerables como pueden ser los jóvenes y, especialmente, los jóvenes de clase trabajadora”.
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