La Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat ha actualizado el censo autonómico de salas de bingo y confirma que Cataluña está a un paso de agotar el cupo legal.
De esas 73 autorizaciones, 68 corresponden a salas actualmente abiertas al público. Las cinco restantes disponen de autorización de instalación, pero todavía no han solicitado el permiso de apertura y funcionamiento. Estos expedientes presentan situaciones administrativas diversas: algunos arrastran incidencias de carácter urbanístico o contencioso-administrativo (como suspensiones de licencias municipales de obra o denegaciones de traslado), mientras que otros tienen plazos de solicitud de apertura ya fijados para 2026 en municipios como Sant Fruitós de Bages, Barcelona o Lloret de Mar.
En paralelo, la Administración tramita dos nuevas solicitudes de autorización de instalación. Una de ellas afecta a Figueres y quedó condicionada a la resolución de un recurso contencioso por la denegación de traslado; la otra corresponde a Terrassa y permanece en fase de tramitación. En ambos casos, su eventual aprobación implicaría alcanzar el límite máximo de 75 autorizaciones previsto en la normativa.
La Generalitat también ha comunicado que existen varias peticiones que no pueden ser tramitadas porque, con las licencias otorgadas y las solicitudes en curso, el sistema ya ha alcanzado el máximo regulatorio. Estas solicitudes, procedentes de distintos municipios, solo podrían reactivarse si se produjeran bajas en el censo o si el marco normativo se modificara para ampliar el cupo.
Para operadores y fondos con interés en el mercado catalán, el escenario dibuja un margen de crecimiento orgánico muy reducido. Cualquier estrategia de entrada o expansión pasará previsiblemente por operaciones de compra de activos ya autorizados, traslados estratégicos, reaperturas o por una cuidadosa gestión de los tiempos administrativos en los expedientes pendientes de apertura.
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