En un momento en que el juego online gana peso en toda Europa y obliga a revisar el equilibrio entre canal presencial, fiscalidad y protección del jugador, Italia presentó en Madrid su hoja de ruta regulatoria para reforzar el modelo de concesiones y blindar el mercado legal frente a la criminalidad.
La responsable de la oficina de la Dirección de Juegos de Azar de la Agencia Italiana de Aduanas y Monopolios (ADM), Elisabetta Poso, abrió el panel describiendo el modelo italiano como un monopolio estatal por concesión. En Italia, explicó, el juego solo puede ofrecerse mediante licencias otorgadas por el Estado a operadores seleccionados en concursos públicos, y cualquier oferta sin concesión válida constituye un delito que afecta tanto al operador como al jugador.
Poso detalló el papel “doble” de ADM. Por un lado, regula y supervisa las concesiones, garantizando la legalidad y la transparencia de la oferta. Por otro, trabaja con la policía financiera y otros cuerpos de seguridad para perseguir el juego ilegal, al que calificó de amenaza para la seguridad pública y para los ingresos del Estado, además de un vector de fraude y criminalidad.
Para enmarcar los retos, aportó una lectura de datos pospandemia que apuntan a una transformación estructural del mercado italiano entre 2022 y 2024. Según la ponente, el volumen global de actividad se incrementó con fuerza respecto al periodo Covid, mientras el gasto del jugador creció de manera más moderada y la recaudación tributaria se mantuvo estable. La tendencia clave, insistió, es el desplazamiento del juego del canal presencial al online, que desde 2019 habría crecido más de un 150%, frente a una caída del canal no online. En el presencial, señaló descensos acusados en segmentos como máquinas y loterías, mientras que otros productos, como bingo o determinadas loterías, se situarían en niveles próximos a los prepandemia.
Esa sustitución de canal tiene, en su análisis, una consecuencia inmediata para la supervisión: el riesgo y la vulnerabilidad “se mudan” al entorno digital. La regulación, por tanto, debe evolucionar al mismo ritmo que cambian los hábitos de juego, porque el online redefine “dónde, cómo y cuándo” se juega, y aumenta la exposición por accesibilidad y disponibilidad.
En ese contexto, Italia afronta una fase “crucial” de reforma legislativa y fiscal orientada a reorganizar el sistema nacional de juego y apuestas y a construir un marco coherente para presencial y online. Poso enumeró como principios guía la protección de menores y jugadores vulnerables mediante medidas técnicas específicas, la coordinación entre Estado y regiones para mejorar licencias y recaudación, la ordenación de las redes de juego para crear entornos seguros, el refuerzo de la transparencia y los requisitos para operadores frente a la infiltración criminal, y una reforma de la fiscalidad acompañada de mecanismos de control y evaluación.
La ponente subrayó que el primer gran paso ya se ha dado en el online. Citó el decreto legislativo aprobado en 2024 para el sector digital, con mayores salvaguardas, una simplificación del mercado que reduce el número de licenciatarios y puntos de contacto, y la eliminación de esquemas basados en webs de terceros afiliadas. También destacó el refuerzo de la cooperación con las agencias de seguridad del Estado. En este nuevo esquema, las concesiones online tienen una duración larga y se han articulado procesos de concurso y transición para que las nuevas licencias entren plenamente cuando expiren las concesiones actuales.
La parte más difícil, admitió, es la reforma del presencial, porque requiere acuerdos entre autoridades nacionales y regionales y afecta a cuestiones sensibles como la planificación territorial, los límites de distancia y las salvaguardas técnicas en los locales. A esa complejidad se suma la caída de demanda en ciertos productos presenciales, que amenaza la sostenibilidad de una red legal que necesita volumen para mantenerse y para que la supervisión sea eficaz.
En paralelo, defendió una aproximación de “mismas salvaguardas” para ambos canales, con especial foco en trasladar herramientas al presencial sin convertir el sistema en un laberinto burocrático ni vulnerar la privacidad. Mencionó, entre otras, medidas como autoexclusión y límites de gasto, con el reto añadido de implementarlas en entornos físicos de forma proporcionada.
En su cierre, Poso volvió al punto de partida: el juego ilegal como desafío transversal que erosiona la protección del consumidor, la estabilidad fiscal y la confianza institucional. La prioridad estratégica, afirmó, es fortalecer la capacidad de combate del regulador y mantener la regulación alineada con el progreso tecnológico. En ese terreno, apuntó a la inteligencia artificial, la analítica de datos y la identidad digital como palancas para una supervisión más avanzada y una protección más personalizada. El objetivo final, sintetizó, es que la oferta legal sea la opción más fácil, transparente y segura, además de accesible y atractiva, porque solo así el canal regulado podrá competir con la presión del mercado ilícito.
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