El Parlamento da luz verde al Gambling Bill 2025, una reforma que amplía la regulación, endurece el régimen sancionador y acelera la búsqueda de nuevas vías de crecimiento para proteger un sector clave de la economía del Peñón.
El Parlamento de Gibraltar aprobó el miércoles el Gambling Bill 2025, una reforma con la que el Peñón actualiza el marco heredado de la Gambling Act 2005 y trata de reforzar su posición como jurisdicción de referencia en juego online en un contexto de presión fiscal, transformación tecnológica y mayor competencia internacional. En su intervención oficial, el ministro Nigel Feetham defendió que el nuevo texto busca dotar al sector de un sistema regulatorio más sólido, flexible y preparado para el futuro.
La reforma tiene un claro trasfondo económico. El propio Gobierno gibraltareño ha recordado que el juego online representa aproximadamente el 30% del PIB, emplea a más de 3.400 personas y genera alrededor de un tercio de los ingresos fiscales del territorio. Feetham añadió además que más del 75% de la actividad del sector sigue vinculada al mercado británico, un dato que explica tanto la urgencia regulatoria como la necesidad de diversificar riesgos.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del perímetro regulatorio. El nuevo marco no se queda solo en los operadores, sino que extiende el foco a una parte más amplia de la cadena de suministro B2B, incluidos determinados servicios de marketing y otras actividades ligadas a la explotación del juego desde Gibraltar o gestionadas desde allí. El texto también refuerza el papel del Gambling Commissioner, introduce requisitos de licencia más definidos, incorpora la exigencia de presencia sustancial y deja abierta la puerta a emitir códigos de práctica específicos, incluido uno de responsabilidad social.
Otra de las claves está en el régimen de control. Feetham admitió que la legislación anterior tenía una debilidad práctica evidente, porque esencialmente dejaba como gran herramienta la suspensión o retirada de licencias. El nuevo proyecto introduce un menú mucho más amplio de medidas, con sanciones administrativas, declaraciones públicas, órdenes de cese, suspensiones temporales y órdenes de prohibición, además de crear un Gambling Appeals Tribunal para canalizar los recursos frente a decisiones del regulador.
La iniciativa llega, además, en un momento delicado para la plaza gibraltareña. El Gobierno ya había advertido de que el Reino Unido elevará el remote gaming duty del 21% al 40% desde abril de 2026 y la fiscalidad de las apuestas online del 15% al 25% desde abril de 2027, lo que incrementa la presión sobre las compañías radicadas en Gibraltar. Como respuesta, el Ejecutivo está acelerando su agenda de diversificación, con medidas orientadas a marcos regulatorios favorables a la tecnología, apoyo a inteligencia artificial, blockchain y servicios digitales, así como la búsqueda de nuevas oportunidades fuera del mercado británico.
Feetham sostuvo que la reforma no pretende romper con la tradicional cultura proempresa de Gibraltar, sino combinar apertura a la inversión con más control sobre protección del consumidor, integridad del mercado y prevención del delito financiero. En esa lógica encajan también el proyecto de digitalización del regulador y la intención de facilitar procesos como la tramitación online de licencias durante la transición al nuevo sistema.
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