Los 12 puntos que operadores y proveedores deben conocer sobre la nueva regulación del juego en Irlanda
Irlanda reinventa su mercado regulado: los cambios que redefinen el sector y cómo afectará a los operadores
La Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) ha abierto hasta el 20 de agosto una consulta sobre tres reglamentos que determinarán los juegos autorizados, los registros que deberán conservar los operadores y la información que las plataformas online tendrán que facilitar a sus usuarios. La iniciativa representa un nuevo paso en la transformación de un mercado que está sustituyendo una legislación histórica y fragmentada por una supervisión centralizada, digital y extendida a toda la cadena tecnológica.
Irlanda está pasando de una legislación del juego construida por capas durante décadas a un sistema regulatorio concebido para supervisar una industria cada vez más digital.
La Gambling Regulation Act 2024, promulgada el 23 de octubre de 2024, estableció las bases de este nuevo modelo: un regulador único, un sistema de licencias más amplio, supervisión sobre operadores y proveedores, restricciones publicitarias, control de pagos y nuevas obligaciones sobre datos y protección del jugador.
El último movimiento se produjo el pasado 5 de agosto de 2026, cuando la Gambling Regulatory Authority of Ireland abrió una consulta pública sobre tres reglamentos destinados a desarrollar las secciones 86, 152 y 173 de la ley.
Las propuestas afectan al catálogo de juegos que podrán comercializarse, a los registros y cuentas que deberán mantener los licenciatarios y a la información que las plataformas online tendrán que mostrar y enviar a sus clientes.
La consulta está dirigida a operadores, proveedores, entidades asistenciales, organizaciones interesadas y ciudadanía. Permanecerá abierta hasta las 15:00 horas del jueves 20 de agosto de 2026. La GRAI analizará las aportaciones antes de aprobar los reglamentos. Información oficial de la consulta.
La reforma comienza por la arquitectura institucional. La Gambling Regulation Act 2024 reemplaza un marco fragmentado sustentado, entre otras normas, en la Betting Act 1931 y la Gaming and Lotteries Act 1956.
La ley creó la Gambling Regulatory Authority of Ireland como organismo independiente encargado de licenciar y regular apuestas, juegos, determinadas loterías y los productos y servicios tecnológicos relacionados con estas actividades.
La GRAI quedó formalmente establecida el 5 de marzo de 2025, con Anne-Marie Caulfield al frente de la organización. Su misión combina tres grandes objetivos: regular la industria, proteger al público frente a los daños asociados al juego y aumentar el conocimiento sobre los riesgos del juego excesivo o compulsivo. Constitución oficial de la GRAI.
La tecnología ocupa desde el principio un lugar central. El organismo recibió una dotación de 9,1 millones de euros para 2025, incluidos 4 millones destinados a inversión TIC. Para 2026, el Gobierno irlandés elevó su financiación hasta los 9,9 millones de euros.
El salto operativo llegó en febrero de 2026. Tras la aprobación de la orden de entrada en vigor correspondiente, la autoridad abrió el 9 de febrero su sistema de solicitudes para las licencias de apuestas remotas, apuestas presenciales e intermediación remota. Apertura del sistema de licencias.
El proceso está siendo progresivo: la ley fue aprobada en 2024, el regulador comenzó a operar en 2025 y las diferentes categorías de licencias y obligaciones están desplegándose por fases durante 2026.
El nuevo marco distingue tres grandes categorías: licencias Business-to-Consumer, licencias Business-to-Business y autorizaciones para actividades con finalidad benéfica o filantrópica.
Dentro del ámbito B2C se incluyen apuestas, gaming y determinadas loterías, tanto presenciales como remotas. Sin embargo, la apertura de las diferentes modalidades no está produciéndose simultáneamente.
La dimensión B2B resulta especialmente relevante para una industria en la que el operador visible constituye únicamente la última capa de una extensa cadena tecnológica.
La GRAI incluye dentro de su perímetro B2B productos como máquinas, equipos y software relacionados con el juego. También contempla servicios como suministro de cuotas, hosting, gestión del riesgo y fraude, herramientas de protección del jugador e instalación, mantenimiento o actualización de software. Información de la GRAI sobre licencias B2B.
Esto desplaza parte del cumplimiento normativo desde el operador hacia los proveedores que sostienen su producto. La elección de un socio tecnológico ya no dependerá únicamente del precio, el rendimiento o la velocidad de integración, sino también de su capacidad para operar dentro del sistema regulado irlandés y demostrar que sus productos cumplen los estándares aprobados.
La consecuencia previsible es un aumento de la due diligence sobre proveedores y una ventaja para las compañías capaces de reutilizar sus sistemas de cumplimiento en varias jurisdicciones.
El primero de los proyectos sometidos ahora a consulta es la Gambling Regulation Act 2024 (Prescribed Games) Regulations 2026.
La sección 86 obliga a la GRAI a aprobar una lista de juegos que podrán ofrecerse bajo una licencia de gaming. Posteriormente, cada licencia deberá indicar cuáles de esos juegos está autorizado a comercializar concretamente su titular.
No bastará, por tanto, con disponer de una licencia genérica de casino o gaming. El catálogo de producto se convierte en un elemento explícito de la autorización.
La ley contempla licencias de juego presencial, remoto y combinado. Un operador podrá estar autorizado para ofrecer determinados juegos desde establecimientos situados en Irlanda, por medios digitales o a través de ambos canales.
Esto tendrá consecuencias sobre la planificación comercial, la integración de proveedores, la certificación de contenidos y la incorporación de nuevos productos. Un juego incluido en la lista general de la GRAI no podrá ser ofrecido automáticamente por cualquier licenciatario: deberá encontrarse también dentro del alcance de su autorización individual. Texto oficial de la sección 86.
La medida refuerza además la relación entre licencias B2C y B2B. El operador tendrá que comprobar no solo que el juego está permitido, sino que su proveedor, software y servicios asociados cumplen los requisitos técnicos correspondientes.
El segundo proyecto es la Gambling Regulation Act 2024 (Records and Accounts) Regulations 2026.
La sección 152 permite a la autoridad determinar qué registros y cuentas deberán mantener los licenciatarios, diferenciando las obligaciones en función del tipo de licencia o de las actividades desarrolladas.
La GRAI también podrá establecer la forma en la que debe conservarse la información. La ley permite mantener datos en un formato que no sea directamente legible, siempre que puedan transformarse posteriormente en información comprensible.
Para un operador digital, la dificultad no consiste únicamente en almacenar datos. La información puede encontrarse repartida entre el wallet, los sistemas de pagos, la plataforma de gestión de jugadores, los motores de juego, los proveedores de contenido, las herramientas antifraude y los sistemas de reporting.
La futura regulación exigirá que esos datos puedan reconstruirse, relacionarse y presentarse de manera coherente. La trazabilidad regulatoria obligará a reconciliar sistemas que históricamente han podido funcionar como silos separados.
La sección 152 atribuye además valor probatorio a estos registros. En un procedimiento iniciado bajo la Gambling Regulation Act 2024, un certificado firmado por un funcionario autorizado y basado en los registros del licenciatario podrá ser admitido como prueba de los hechos que contiene.
La disposición no se aplica a las denominadas Segregated Customer Accounts, las cuentas separadas destinadas a custodiar los fondos de los jugadores, que cuentan con un régimen específico. Texto oficial de la sección 152.
Para los operadores, esta regulación puede obligar a revisar políticas de conservación, controles de acceso, conciliación de operaciones, históricos de actividad, exportación de datos y acuerdos contractuales con proveedores.
El tercer proyecto es la Gambling Regulation Act 2024 (Provision of Information to Account-Holders) Regulations 2026 y afecta directamente a los titulares de licencias de juego remoto.
La sección 173 obliga a proporcionar a los clientes información sobre cómo reconocer las características del juego excesivo o compulsivo y sus efectos adversos.
También deberán informarse las herramientas disponibles para jugar de manera que se eviten conductas excesivas, los mecanismos para bloquear el acceso del usuario o de un menor a plataformas de juego y los servicios de asistencia existentes.
Esta información deberá mostrarse de manera prominente en la página de inicio del operador y en cada plataforma online desde la que pueda accederse a una actividad de juego.
La norma introduce además alertas periódicas que tendrán que detallar las ganancias y pérdidas del jugador y el tiempo empleado en actividades de juego a través de su cuenta.
La frecuencia de estas comunicaciones no está cerrada en la ley. Será determinada por la GRAI mediante el desarrollo reglamentario que ahora se somete a consulta. La autoridad ha publicado también orientaciones prácticas para facilitar la aplicación de la sección.
Los jugadores deberán disponer, además, de acceso inmediato al saldo de su cuenta y a las cantidades empleadas para participar en cada actividad durante los periodos que establezca el regulador.
La protección del jugador deja así de ser una funcionalidad complementaria para convertirse en un requisito técnico verificable integrado en la propia interfaz.
El incumplimiento constituye delito. En procedimientos sumarios puede comportar una multa de clase A, hasta doce meses de prisión o ambas sanciones. En caso de condena mediante indictment, la pena puede alcanzar una multa, hasta cinco años de prisión o ambas medidas. Texto oficial de la sección 173.
Las aportaciones a la consulta deben remitirse mediante los formularios de SurveyMonkey habilitados por la GRAI.
Quienes quieran formular observaciones sobre más de uno de los proyectos deberán completar una respuesta separada para cada reglamento. No se contempla un único envío conjunto para las tres materias.
La documentación y los formularios están disponibles en el apartado oficial de consultas de la GRAI.
El plazo concluye el jueves 20 de agosto de 2026 a las 15:00 horas.
La consulta se desarrolla dentro de una transformación más amplia que también alcanza a la publicidad.
La sección 149 de la ley impide que los licenciatarios formalicen acuerdos para anunciar contenidos de juego en servicios audiovisuales bajo demanda, servicios de audio bajo demanda o emisoras entre las 5:30 y las 21:00 horas. La norma crea un amplio watershed que limita considerablemente la ventana diurna disponible para la promoción. Texto de la sección 149.
En redes sociales y plataformas de vídeo compartido, la sección 146 condiciona la publicidad a que el destinatario tenga una cuenta en ese servicio y esté suscrito a la cuenta del propio licenciatario.
Para comunicaciones electrónicas como correo electrónico, SMS o teléfono, la sección 147 exige consentimiento previo y un mecanismo accesible que permita dejar de recibir publicidad. Sección 146 y sección 147.
La adquisición digital se desplaza así desde las campañas indiscriminadas hacia audiencias previamente conectadas con la marca y cuya relación con el operador pueda demostrarse.
El cambio ya ha alcanzado a los grandes intermediarios digitales.
Google anunció el 27 de mayo que actualizaría desde el 1 de julio de 2026 su política de anuncios sobre juegos y apuestas para Irlanda.
Los operadores online deben disponer de una licencia expedida por la GRAI y volver a solicitar la certificación publicitaria de Google utilizando sus nuevas credenciales regulatorias.
La compañía fijó el 1 de septiembre de 2026 como fecha límite para completar el proceso. Después de ese día, los anunciantes que no hayan vuelto a solicitar correctamente la certificación perderán su autorización para publicar campañas. Actualización oficial de Google Ads.
Para los departamentos de marketing, la nueva ecuación exige coordinar licencia, consentimiento, segmentación, certificación publicitaria y trazabilidad del destinatario.
La reforma también interviene sobre determinadas características económicas del juego.
El Anexo 3 de la ley fija para los denominados “relevant games” un pago máximo de 10 euros y unas ganancias máximas de 3.000 euros.
Estos límites pertenecen al ámbito del gaming definido por la norma. No deben interpretarse como un límite general de diez euros para las apuestas deportivas. Anexo 3 de la Gambling Regulation Act 2024.
Para establecimientos y productos que dependan de tickets elevados, los límites reducen el margen para estrategias centradas en clientes de alto valor. Su impacto definitivo dependerá del tipo de licencia, del catálogo aprobado y de la combinación entre gaming, apuestas y loterías.
La prohibición del crédito es más amplia. La sección 165 impide aceptar pagos mediante tarjeta de crédito, conceder crédito al participante o facilitar que un tercero lo proporcione en relación con una actividad de juego.
La prohibición alcanza también a los pagos electrónicos o digitales realizados con dinero previamente cargado desde una tarjeta de crédito. El incumplimiento puede ser castigado con multa y penas de hasta cinco años de prisión. Texto oficial de la sección 165.
La Gambling Regulation Act 2024 contempla igualmente la creación de un Social Impact Fund destinado a financiar investigación, educación, formación, tratamiento, intervención y campañas de sensibilización sobre los daños asociados al juego.
La GRAI explica que el fondo se nutrirá de una contribución anual aplicada a los proveedores de juego y calculada en función del turnover de cada negocio. Sin embargo, su estructura económica definitiva y la cuantía aplicable todavía deben concretarse. Información oficial sobre el Social Impact Fund.
La autoridad trabaja con Pobal en una evaluación de necesidades y en el desarrollo de la estrategia de financiación.
Por tanto, sería prematuro modelizar el fondo como un porcentaje cerrado sobre el GGR o GGY. La información disponible habla de una contribución vinculada al turnover, pero no de una tasa definitiva ya aprobada.
La suma de licencias, controles B2B, reporting, conservación de registros, monitorización de cuentas, restricciones publicitarias y adaptación de producto incrementa los costes fijos de acceso y permanencia en el mercado irlandés.
Estos costes pesan proporcionalmente más sobre operadores pequeños. Los grandes grupos con plataformas multijurisdiccionales pueden reutilizar procesos de verificación, herramientas de juego responsable, sistemas de reporting y controles de proveedores en diferentes países.
Una marca pequeña, en cambio, debe asumir una proporción mayor del coste tecnológico y regulatorio para acceder a un solo mercado.
No existen datos públicos suficientemente homogéneos para atribuir cuotas precisas a los principales operadores sin distinguir entre GGR, volumen apostado, retail y online. La concentración histórica alrededor de grandes casas de apuestas resulta evidente, pero asignar porcentajes sin una métrica comparable introduciría una precisión que las fuentes disponibles no permiten sostener.
La consecuencia probable es una mayor profesionalización, un crecimiento de la demanda de soluciones RegTech y un filtro competitivo más exigente.
Irlanda está construyendo un mercado en el que licencia, producto, publicidad, pagos, datos y protección del jugador forman parte de una misma infraestructura de supervisión.
La consulta de agosto sobre las secciones 86, 152 y 173 es especialmente importante porque traslada el nuevo marco desde los principios generales hasta la operativa diaria.
Para los operadores, no se trata únicamente de conseguir una licencia. Será necesario demostrar de forma continua que cada juego está autorizado, que los proveedores cumplen los estándares, que las operaciones pueden reconstruirse, que las comunicaciones comerciales respetan las restricciones y que el usuario recibe información verificable sobre su actividad.
La principal lección para operadores y proveedores es anticipar el cumplimiento desde el diseño. Cuando el regulador exige trazabilidad, alertas, controles B2B y productos individualmente autorizados, adaptar la tecnología después resulta mucho más costoso que incorporarla desde el principio.
