ANDEMAR y PATROJOC presentan alegaciones contra el nuevo Plan Especial Urbanístico del juego en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha reabierto el intento de regular la implantación de los establecimientos de juego a través del planeamiento urbanístico, una vía que el sector consideraba prácticamente cerrada tras las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la regulación iniciada por el consistorio en 2021 y seguida posteriormente por otros ayuntamientos.

El pasado 2 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el anuncio que somete a información pública el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona para modificar de nuevo el Plan especial urbanístico para la regulación de los juegos de azar en la ciudad.

La modificación prevista divide Barcelona en dos zonas diferenciadas. La primera, denominada ZR1, está constituida por 24 barrios considerados vulnerables conforme a los criterios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en los que no se admiten nuevas implantaciones de establecimientos de juego.

La segunda, la ZR2, integra el resto del municipio —49 barrios— y sí admite nuevas implantaciones, aunque sometidas a la normativa autonómica y municipal. En esta zona no se admite la contigüidad con viviendas, se restringen los accesos vinculados a espacios residenciales, resultan aplicables las distancias autonómicas entre establecimientos, así como las distancias a los usos protegidos de la Ordenanza municipal y las prohibiciones y restricciones contenidas en los planes de usos territoriales.

Ante este escenario, el sector ha reaccionado a través de PATROJOC de la misma forma que en 2021, presentando el preceptivo escrito de alegaciones en el que solicita la no aprobación de la Modificación del Plan Especial Urbanístico (MPEU) en los términos inicialmente aprobados.

Desde la asociación confían en que las razones expuestas en dicho escrito sean atendidas y, en consecuencia, se proceda a la reformulación del MPEU. En caso contrario, advierten de que se verán obligados a interponer de nuevo las oportunas acciones judiciales.