Menos cargas y trámites más ágiles: Madrid abre la audiencia pública de su Ley para el impulso económico

La Comunidad de Madrid ha abierto el trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley de medidas contra la hiperregulación para el impulso económico de la Comunidad de Madrid, una norma impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que tiene por objeto impulsar el crecimiento económico mediante medidas de mejora regulatoria orientadas a la atracción de inversión e innovación, la generación de empleo y la mejora del bienestar social.

El plazo para formular alegaciones permanece abierto del 9 al 29 de septiembre de 2026, ambos incluidos, durante quince días hábiles contados a partir de la publicación de la resolución de apertura. Los interesados pueden presentar sus aportaciones de forma telemática a través del formulario habilitado en el Portal de Transparencia, así como por los demás medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, dirigidas a la Dirección General de Economía e Industria.

El anteproyecto se estructura en un título preliminar y tres títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco disposiciones finales. La norma, según su exposición de motivos, responde a la necesidad de racionalizar la regulación existente en un contexto de intensificación de la competencia entre territorios para la captación de inversión y talento, dando continuidad a la estrategia de simplificación normativa y reducción de cargas administrativas ya iniciada por la Comunidad.

En materia de modernización regulatoria, el texto eleva a rango legal la evaluación ex ante y ex post de las normas, regula las cláusulas de vigencia temporal y fija la predictibilidad de la entrada en vigor: las disposiciones que impongan nuevas obligaciones a los operadores económicos entrarán en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Incorpora, además, el principio de compensación de cargas administrativas, la regla de "uno dentro, uno fuera", por la que no podrá adoptarse una nueva carga sin eliminar otra de coste al menos equivalente, y consolida la Línea abierta contra la hiperregulación como canal para recabar propuestas de desregulación.

El título II regula el régimen de entidades privadas colaboradoras en la colaboración público-privada, que podrán ejercer funciones de comprobación, informe y certificación documental, siempre que estén acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 por la ENAC u otro organismo equivalente. La norma establece para estas entidades un régimen de infracciones y sanciones con multas de 600 a 3.000 euros para las leves, de 3.001 a 100.000 euros para las graves y de 100.001 a 500.000 euros para las muy graves, con una reducción del 50 % por pago voluntario.

El título III refuerza la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid —que pasa de estar regulada por el Decreto 15/2023, ahora derogado, a tener rango de ley— para garantizar la celeridad en la tramitación de los proyectos de especial interés. Tendrán esta consideración las iniciativas que generen 50 o más puestos de trabajo indefinidos a jornada completa o que impliquen una inversión en activos fijos igual o superior a 10 millones de euros (24 millones en instalaciones energéticas). Su declaración conlleva tramitación preferente y urgente, con reducción a la mitad de los plazos, un plazo de resolución de treinta días hábiles y silencio administrativo positivo.

El mismo título habilita los entornos controlados de pruebas (regulatory sandbox), espacios de experimentación para ensayar nuevos productos, servicios, tecnologías y modelos de negocio bajo supervisión regulatoria. La ley se completa con una disposición que impulsa el uso de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial en la tramitación administrativa y con la modificación de la Ley 11/2022 para reforzar el informe de impacto económico y regulatorio.

Al tratarse de una norma horizontal, sus previsiones sobre agilización de trámites, reducción de cargas y colaboración público-privada resultan aplicables a los operadores económicos de todos los sectores sujetos a competencias autonómicas, sin que el anteproyecto contemple medidas específicas para ninguna actividad concreta. Una vez concluido el trámite de audiencia, el texto seguirá los trámites necesarios para su aprobación y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). VER PROYECTO