Castilla y León reivindica la mediación y el arbitraje como aliados de la empresa y la seguridad jurídica

La Junta de Castilla y León ha reivindicado el valor de la mediación y el arbitraje como instrumentos capaces de reducir la conflictividad, aportar seguridad jurídica y facilitar el desarrollo de la actividad empresarial.

El mensaje fue trasladado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la clausura en Valladolid de la Conferencia de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, un encuentro internacional que reunió a representantes de distintos países, instituciones, empresas y profesionales.

González Gago defendió que la existencia de conflictos forma parte de cualquier sociedad y de cualquier relación profesional, pero subrayó que la fortaleza institucional depende de disponer de mecanismos eficaces para afrontarlos.

“Una sociedad avanzada no es aquella en la que no existen conflictos, sino aquella que dispone de mecanismos para afrontarlos y buscar soluciones con diálogo, garantías y seguridad”, afirmó.

La Junta puso especialmente en valor la capacidad de la mediación y el arbitraje para ofrecer soluciones más ágiles y adaptadas a la naturaleza de cada controversia, evitando en determinados casos procesos judiciales más largos y complejos.

El Gobierno autonómico vincula además estos mecanismos con la creación de un entorno favorable para las empresas. Reglas claras, instituciones fiables y procedimientos eficaces de resolución de conflictos contribuyen a generar confianza, seguridad jurídica e inversión, según destacó el consejero.

Castilla y León mantiene desde 2021 una colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid en materia de mediación, una relación que fue reforzada mediante la renovación del correspondiente protocolo en 2025.

Esta cooperación incluye formación especializada para empleados públicos a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, elaboración de materiales y participación conjunta en congresos y encuentros técnicos.

El papel de estos mecanismos ha cobrado además mayor protagonismo tras los cambios introducidos por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025.

La norma establece, con carácter general en el ámbito civil, que antes de acudir a los tribunales las partes deben intentar previamente alcanzar un acuerdo mediante alguno de los medios adecuados de solución de controversias, entre ellos mediación, conciliación o negociación.

Durante la conferencia celebrada en Valladolid también se analizaron cuestiones directamente vinculadas al futuro de la resolución de conflictos, entre ellas el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la resolución de controversias online y las tendencias internacionales en arbitraje empresarial y de inversión en la Unión Europea.

La cita se celebró conjuntamente con la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, reforzando el componente empresarial e internacional de un encuentro centrado en cómo resolver conflictos con mayor rapidez, previsibilidad y seguridad jurídica.