FERNANDO HENAR ALERTA DE QUE EL BINGO SOCIAL EN ANDALUCÍA PUEDE PROVOCAR COMPETENCIA DESLEAL, CIERRES DE SALAS Y PÉRDIDA DE EMPLEO

La Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ), presidida por Fernando Henar, ha expresado su profunda preocupación ante la posible regulación del denominado «bingo social» en Andalucía, contemplada en el Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027.

En una nota de prensa difundida este lunes, 19 de octubre, la organización advierte de que esta iniciativa podría abrir una vía para la práctica del juego no regulado, generar competencia desleal frente a las salas de bingo autorizadas y comprometer la rentabilidad, el empleo y la inversión de un sector sometido a importantes exigencias fiscales, administrativas y de control.

Aunque la intención declarada de la propuesta es permitir actividades recreativas sin ánimo de lucro en centros de mayores y asociaciones, CEJ considera que la introducción de dinero en estas partidas plantea riesgos elevados para las salas tradicionales.

La confederación identifica como una de sus principales preocupaciones la posibilidad de que esta excepción normativa, inicialmente limitada, termine convirtiéndose en una fórmula para desarrollar actividades de juego al margen de los controles que se exigen a los establecimientos autorizados.

Según explica la organización, el borrador establece un precio máximo de un euro por cartón y un límite de 100 euros por sesión. Sin embargo, considera que estas restricciones podrían resultar insuficientes sin una fiscalización exhaustiva y constante por parte de la Administración.

CEJ teme que, en ausencia de una supervisión rigurosa, dichos límites puedan superarse sistemáticamente, desvirtuando el carácter excepcional y recreativo con el que se pretende justificar esta modalidad.

Uno de los principales argumentos de la confederación es la desigualdad en los costes de explotación entre los bingos sociales y las salas autorizadas.

Mientras los establecimientos profesionales deben afrontar tasas, impuestos específicos, gastos de personal, medidas de seguridad y obligaciones de control, las actividades sociales podrían desarrollarse bajo una estructura de costes radicalmente distinta.

En este sentido, CEJ considera que permitir cartones de hasta un euro no supone únicamente introducir una alternativa más económica, sino establecer unas condiciones de competencia muy diferentes.

La organización advierte de que esta situación «generaría una competencia desleal de primer orden», al permitir que una actividad con características similares pueda operar sin soportar las mismas obligaciones que los establecimientos legalmente autorizados.

La confederación también cuestiona que el reducido precio de los cartones constituya, por sí mismo, una garantía frente a los posibles problemas asociados al juego.

Por el contrario, sostiene que un precio unitario bajo puede favorecer una mayor intensidad de participación, mediante la adquisición de más cartones y la celebración de un mayor número de partidas.

Esta circunstancia podría resultar especialmente preocupante si las sesiones se desarrollan sin los mecanismos de prevención, identificación y detección de conductas de riesgo que resultan obligatorios para las salas profesionales.

Entre estas herramientas, CEJ recuerda la existencia de registros de acceso, controles de identidad y mecanismos de protección del jugador, además de las obligaciones específicas que deben cumplir las empresas autorizadas.

Otro de los riesgos señalados es la posible desviación de clientes desde las salas de bingo tradicionales hacia estas actividades sociales.

La confederación teme que una proliferación descontrolada de sesiones en asociaciones, centros sociales o locales de barrio pueda terminar captando parte de la demanda que actualmente acude a los establecimientos autorizados.

Esta preocupación se intensificaría si las sesiones sociales se normalizan en espacios sometidos a menores exigencias de supervisión y con costes operativos inferiores.

CEJ recuerda que las salas de bingo autorizadas están sujetas a un marco normativo especialmente estricto, tanto desde el punto de vista tributario como en materia de seguridad, control de acceso e inspección administrativa.

En el ámbito fiscal, los operadores soportan tasas e impuestos específicos derivados de su actividad. En materia de seguridad, deben comprobar la identidad de los clientes, consultar los correspondientes registros de personas con prohibición de acceso y aplicar medidas de protección.

Asimismo, los establecimientos están sometidos a inspecciones periódicas y al cumplimiento de obligaciones administrativas que implican importantes costes de explotación.

Frente a estas exigencias, CEJ considera que el bingo social podría funcionar con una carga regulatoria y fiscal significativamente inferior, produciendo un desequilibrio competitivo.

La confederación expresa además sus dudas sobre la capacidad real de la Administración andaluza para inspeccionar todas las sesiones de bingo social que pudieran celebrarse.

En particular, considera necesario verificar que estas actividades carezcan efectivamente de ánimo de lucro oculto y que se respeten los límites establecidos tanto para las cantidades jugadas como para la frecuencia de celebración de las partidas.

La organización advierte de que una supervisión insuficiente podría facilitar incumplimientos difíciles de detectar, especialmente si la práctica termina extendiéndose a numerosos centros y asociaciones.

La preocupación de CEJ también alcanza a la imagen pública del sector del juego.

La confederación sostiene que la legitimidad, la responsabilidad social y la protección de los participantes constituyen elementos fundamentales para las empresas que desarrollan su actividad dentro del marco regulado.

En este contexto, señala que la permisividad con el bingo social fuera de los establecimientos sometidos a controles profesionales podría contribuir a una normalización del juego en entornos menos supervisados, debilitando los mensajes de responsabilidad y seguridad exigidos a los operadores autorizados.

Además, teme que cualquier incidente relacionado con estas actividades termine perjudicando la reputación del conjunto del sector.

Entre los posibles problemas, CEJ menciona expresamente el acceso de menores, la existencia de fraude o la falta de controles adecuados.

La confederación advierte de que episodios de este tipo podrían repercutir negativamente sobre la percepción social de las empresas de juego, incluidas aquellas que cumplen escrupulosamente con la normativa vigente.

La nota también alerta de un riesgo de expansión progresiva de esta modalidad más allá de los espacios inicialmente contemplados.

Aunque en un primer momento el impacto pueda parecer limitado a residencias, centros de mayores o asociaciones, CEJ considera que una regulación ambigua o una interpretación excesivamente flexible podría facilitar una expansión exponencial del bingo social.

De producirse esta situación, la organización teme consecuencias directas sobre la actividad económica de los establecimientos autorizados.

En particular, advierte de que la pérdida de clientes y el deterioro de los márgenes empresariales podrían afectar a la rentabilidad de las salas tradicionales y acabar provocando cierres de establecimientos, destrucción de empleo y una reducción de la inversión en el sector regulado.

CEJ insiste en que el problema fundamental radica en la falta de igualdad de condiciones entre quienes desarrollan su actividad sometidos a una regulación estricta y quienes podrían ofrecer una modalidad de juego semejante con menores costes y obligaciones.

La confederación considera que esta excepción normativa podría convertirse en un foco de competencia desleal especialmente difícil de controlar, erosionando los márgenes de las salas y dificultando su funcionamiento a largo plazo.

Por ello, entiende que cualquier iniciativa en este ámbito debería ir acompañada de mecanismos administrativos de control eficaces y proporcionales, capaces de garantizar el cumplimiento de las limitaciones previstas y evitar desviaciones respecto del carácter social y no lucrativo de la actividad.

No obstante, la organización concluye su pronunciamiento cuestionando si la Junta de Andalucía dispone actualmente de los medios humanos, técnicos y administrativos suficientes para asumir una supervisión rigurosa de esta nueva modalidad.

De esta forma, Fernando Henar y CEJ trasladan al Gobierno andaluz una advertencia sobre las consecuencias que podría tener la regulación del bingo social, no solamente por la posible competencia desleal con los establecimientos autorizados, sino también por sus implicaciones en materia de fiscalidad, protección del jugador, seguridad, empleo, inversión y reputación del conjunto de la industria.