Chile abre la puerta a regularizar a los operadores que ya trabajan sin licencia a cambio de un peaje de casi 200.000 euros
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona
El Gobierno de Chile ha presentado sus indicaciones al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea (boletín 14.838-03), en tramitación en el Senado desde 2022.
El documento, de 114 páginas, se entregó el lunes 26 de octubre, último día del plazo, y dibuja el mercado que quiere el Ejecutivo. No habrá publicidad y la carga fiscal será del 22%. Los operadores que hoy trabajan sin licencia podrán regularizarse pagando, y los casinos físicos podrán ofrecer apuestas online en sus salas.
Los casinos físicos podrán ofrecer en sus instalaciones apuestas de plataformas online, pero solo mediante un acuerdo con un operador que tenga licencia y certificación vigente. El texto establece que las apuestas por plataforma “sólo podrán ser ofrecidas por la sociedad operadora”. Abre así una vía de colaboración entre el juego presencial y el online en un debate en el que los casinos han advertido sobre la “sensación de legalidad” del juego online.
La medida de mayor alcance es la prohibición de toda la publicidad de las plataformas, “con o sin licencia de operación”. El veto alcanza a quienes encargan, diseñan, difunden o intermedian los anuncios. Los contratos vigentes con operadores acogidos al régimen transitorio podrían mantenerse un máximo de un año, y solo fuera del horario de protección de menores. El texto prohíbe además los bonos, ofertas promocionales o cualquier beneficio distinto de los premios destinado a captar o retener jugadores.
En el plano fiscal, los operadores pagarían el IVA del 19% sobre la diferencia mensual entre lo apostado y los premios abonados, más un impuesto adicional del 3%, lo que suma una carga del 22%. Las licencias durarían cinco años, con un gravamen anual de 1.000 unidades tributarias mensuales (unos 65.380 euros). Según lo trascendido de la sesión, varios senadores de la Comisión de Economía consideraron bajo ese 22% en comparación con los impuestos al alcohol y al tabaco.
El texto incluye un filtro de acceso con doble lectura. Como regla general, se rechazarían las solicitudes de las empresas que hayan operado sin licencia en Chile en los doce meses anteriores. Entre los indicios figuran usar un dominio .cl, patrocinar en el país o tener contratos con medios de pago chilenos. Sin embargo, un régimen transitorio permitiría regularizarse a esos mismos operadores pagando un “derecho habilitante” de 3.000 unidades tributarias mensuales (unos 196.140 euros) y estando al día con el IVA digital. Quienes ya declaraban ese impuesto tendrían que declarar los 36 meses anteriores, y con ese pago se extinguirían sus responsabilidades por los incumplimientos tributarios.
En protección del jugador, cada cuenta tendría por defecto límites de depósito y de tiempo de conexión por sesión y por día, lo que el Gobierno define como “una configuración de juego seguro por defecto”. Se exigiría autenticación reforzada, incluso biométrica. El registro de excluidos incorporaría a los autoexcluidos, a las personas privadas de libertad y a los inscritos en el registro de deudores de pensiones de alimentos. Deportistas, técnicos, directivos y accionistas no podrían apostar en su propia disciplina. El Ministerio de Hacienda dictaría un reglamento de juego responsable, revisable cada cuatro años, y se crearía un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía gestionado por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social.
El documento lo firman el presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Daniel Mas, May Chomalí, Fernando Rabat y Claudio Alvarado. Lo defendió en el Senado el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Retira todas las indicaciones anteriores del Ejecutivo y rebautiza la norma como ley de regulación de las apuestas en línea, protección de la infancia y prevención de la ludopatía. La Comisión de Economía lo estudiará en una próxima sesión, aún sin fecha.
