El Supremo de Brasil convoca una audiencia pública sobre la prohibición de las apuestas tras la reelección de Lula
l presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de victoria tras ser reelegido el 25 de octubre en São Paulo (izquierda), y el ministro del Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que ha convocado para el 3 de noviembre la audiencia pública
El alto tribunal debatirá el 3 de noviembre la medida provisional que cerró el mercado regulado de apuestas online.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil celebrará el próximo 3 de noviembre, a las 10:00 horas, una audiencia pública sobre la Medida Provisória 1.394/2026. Es la norma con la que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prohibió el pasado 25 de septiembre las apuestas de cuota fija en todo el país. El ministro Luiz Fux la ha convocado este martes, dos días después de que Lula fuese reelegido presidente en la segunda vuelta.
La audiencia se enmarca en la acción directa de inconstitucionalidad 8027, presentada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), una de las patronales del sector. La asociación pide al Supremo la suspensión inmediata de la medida provisional y, en el fondo del asunto, que la declare inconstitucional y reconozca la validez de las leyes que regulaban la actividad. La nota del tribunal no recoge ningún pronunciamiento sobre la suspensión cautelar solicitada.
El despacho de Fux cita a 26 instituciones y entidades. Entre ellas están la propia ANJL, el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), las confederaciones nacionales del Comercio y de la Industria, el Ministerio de Hacienda, la Abogacía General de la Unión, la Confederación Brasileña de Fútbol, el procurador general de la República y clubes como Flamengo, Corinthians y São Paulo. Según el Supremo, fue la Abogacía General de la Unión, que defiende jurídicamente al Gobierno, la que pidió una nueva audiencia. Argumentó que la experiencia acumulada desde la celebrada en noviembre de 2024, las nuevas evidencias sobre el impacto de las apuestas y la propia medida provisional justificaban actualizar el debate.
La convocatoria llega en un momento político distinto al de hace un mes. Lula ganó la segunda vuelta del 25 de octubre con el 51,79% de los votos válidos (64.256.232 sufragios), frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral. Tres días antes, en una retransmisión en directo en YouTube con el diputado federal André Janones y la divulgadora financiera Nath Finanças, el presidente fue tajante: “Não voltará mais a bet. Quem quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar” (“La bet no volverá. Quien quiera ganar dinero, que trabaje”). En la misma intervención añadió que “se a gente não acabar, a bet vai acabar com o povo brasileiro” (“si no acabamos con ella, la bet acabará con el pueblo brasileño”).
Cuando Lula anunció el veto, nueve días antes de la primera vuelta, Infoplay se preguntó hasta qué punto era creíble o respondía a un golpe de efecto electoral. Con las urnas ya cerradas, el Ejecutivo que firmó la prohibición seguirá al frente del país, y el presidente ha reiterado su intención de mantenerla.
La medida provisional, una norma con rango de ley que el presidente puede dictar por urgencia y que el Congreso debe convalidar después, prohíbe la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de las apuestas de cuota fija. Alcanza tanto a las apuestas deportivas como a los juegos online, también a las autorizaciones concedidas por los estados y a los operadores extranjeros que den servicio a usuarios en Brasil. Según el Senado, las demás modalidades de lotería previstas por ley quedan fuera de la prohibición. Desde el 6 de octubre, webs y aplicaciones deben estar fuera de línea.
El golpe para las empresas es también económico. El Gobierno había concedido 85 autorizaciones a 30 millones de reales cada una (5,03 millones de euros), 2.550 millones de reales en total (427,68 millones de euros). La norma establece que la extinción de las concesiones no da derecho a indemnización ni a la devolución de esas cantidades. Los incumplimientos se sancionan con multas de hasta 2.000 millones de reales (335,44 millones de euros) y la suspensión de actividades. La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, que hasta septiembre era el regulador del mercado nacido de la ley que Lula sancionó a finales de 2023, fijó en la Portaria 3.005/2026 el procedimiento de cierre. Los operadores tienen hasta el 15 de diciembre para saldar sus obligaciones financieras y regulatorias.
El otro frente está en el Congreso Nacional, que debe aprobar la medida provisional para que se convierta en ley. Según la ficha de tramitación, a fecha de hoy la comisión mixta encargada de examinarla aún no se ha constituido. Se han presentado 99 enmiendas, cinco de ellas retiradas el 14 de octubre. El primer plazo de vigencia vence el 23 de noviembre y puede prorrogarse una vez por otros 60 días. Desde el 9 de noviembre la norma entra en régimen de urgencia y bloquea el orden del día de las cámaras. Si no se vota a tiempo, la medida provisional perderá su eficacia.
El Gobierno acompañó el veto con un proyecto de ley que tipifica como delito cinco conductas relacionadas con las apuestas ilegales, con penas de dos a seis años de prisión y multa. Ese texto solo entrará en vigor si lo aprueba el Congreso.
