La Rioja da otro paso para permitir el póker en bingos y salones de juego mientras no exista un casino
El Parlamento riojano mantiene viva la reforma al rechazar las enmiendas a la totalidad.
La Rioja sigue adelante con su reforma del juego. El Parlamento autonómico rechazó este miércoles, 4 de noviembre, las enmiendas a la totalidad que PSOE, Vox y Podemos-IU habían presentado contra el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2027, y también contra los Presupuestos. El texto continúa su tramitación con una novedad que interesa, y mucho, a los bingos y salones de la comunidad.
El artículo 16 del proyecto modifica la Ley del Juego de La Rioja e incorpora una nueva disposición adicional. Según esa disposición, mientras no exista un casino en la comunidad, podrán autorizarse los juegos de cartas o naipes propios de casino en salas de bingo y salones de juego.
La exposición de motivos explica el porqué. Tras el cierre del único casino autorizado en La Rioja, determinados juegos “con una considerable demanda por parte del público, como el póker”, se convirtieron en ilegales, porque su práctica estaba limitada a los casinos. La reforma pretende darles salida en otros establecimientos “con las mismas garantías, formalidades y requisitos” que se exigen a los casinos.
Las autorizaciones exigirán dependencias exclusivas, separadas e independientes dentro de los bingos y salones. Las condiciones de funcionamiento se fijarán por reglamento y serán análogas a las del reglamento de casinos de La Rioja. Ese desarrollo reglamentario determinará, entre otros aspectos, la superficie mínima que deberán tener los establecimientos para obtener la autorización.
En el plano fiscal, el proyecto crea una tasa administrativa de 795,91 euros por autorización, tanto para bingos como para salones. Además, estas actividades tributarán conforme al régimen fiscal de los casinos de juego.
La reforma todavía tiene que superar el resto de su tramitación parlamentaria, que ahora entra en la fase de enmiendas parciales. Si se aprueba definitivamente, su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.