37 estados de Estados Unidos se plantan ante Kalshi y reivindican su autoridad sobre las apuestas deportivas
Una coalición de fiscales generales reclama que los mercados predictivos no puedan eludir las leyes estatales del juego amparándose en la regulación federal de los derivados financieros. La ofensiva judicial también afecta a Polymarket.
La batalla regulatoria contra los mercados predictivos suma un nuevo capítulo en Estados Unidos. 37 estados, junto al Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte, han presentado un escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito para respaldar a Nueva York en su enfrentamiento judicial con Kalshi.
El documento, registrado el 6 de noviembre, defiende que la legislación federal sobre derivados financieros no debe impedir que los estados apliquen sus propias normas sobre apuestas deportivas y protección de los consumidores.
El litigio comenzó después de que la Comisión del Juego de Nueva York ordenara a Kalshi cesar determinadas actividades. La compañía recurrió a los tribunales alegando que sus contratos están sometidos a la supervisión federal de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
Un tribunal federal rechazó inicialmente la petición de Kalshi para impedir la aplicación de la normativa estatal, decisión que la plataforma ha recurrido.
La presión judicial se extiende también a Wisconsin, donde una segunda coalición de 38 estados ha presentado otro escrito en defensa de las competencias autonómicas equivalentes en Estados Unidos.
Este procedimiento afecta igualmente a Polymarket, Coinbase, Robinhood y Crypto.com, compañías involucradas en el conflicto sobre la comercialización de contratos vinculados a acontecimientos deportivos.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ha defendido que los mercados predictivos no pueden utilizar la legislación federal para evitar las obligaciones impuestas a los operadores de apuestas tradicionales.
La posición de los estados plantea una cuestión fundamental para el futuro del sector: si un contrato sobre el resultado de un partido debe considerarse un instrumento financiero o una apuesta deportiva sometida a licencia de juego.
