ANALIZAMOS: Las comunidades autónomas serían las grandes afectadas por la reforma fiscal del juego del Frente Amplio, que además no aclara si alcanza al presencial
Las comunidades reciben lo recaudado por el juego online y fijan los impuestos del presencial.
Les contábamos hoy que el programa del Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre propone una “Reforma del Impuesto sobre Actividades del Juego”. Su objetivo es “gravar con un tipo del 10 % la cantidad bruta apostada y desincentivar el uso de bonos gratuitos de fidelización”. La propuesta figura en la página 50 del documento y apunta al Estado, pero si se lee con la ley en la mano, quienes más tendrían que decir son las comunidades autónomas, que hoy reciben lo recaudado por el juego online y fijan los impuestos del presencial.
Empecemos por lo que dice la norma. La Ley 13/2011 de regulación del juego regula, según su artículo 1, la actividad de juego “que se desarrolle con ámbito estatal”, y lo hace “sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de Autonomía”. El Impuesto sobre Actividades del Juego, recogido en su artículo 48, grava por tanto los juegos de ámbito estatal, que en la práctica son sobre todo el juego online. Es un tributo estatal: lo gestiona, recauda e inspecciona la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y la propia ley permite que la Ley de Presupuestos modifique su base imponible y sus tipos. Cambiarlo es, en principio, competencia del Estado.
Ahora bien, el dinero no se queda en el Estado. El apartado 11 del artículo 48 establece que la recaudación del juego realizado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos “se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada Comunidad Autónoma”. El importe se pone a su disposición cada trimestre. Solo quedan fuera, y corresponden en exclusiva al Estado, las apuestas mutuas deportivo-benéficas y las apuestas mutuas hípicas estatales. Dicho de otro modo, cualquier cambio en la base o en el tipo de este impuesto se traduce en un cambio en lo que ingresan las comunidades.
Hay un segundo engranaje. El apartado 7 del mismo artículo permite a las comunidades elevar los tipos hasta un máximo del 20 % para los operadores con residencia fiscal en su territorio, solo sobre la parte de la base que corresponde al juego de sus residentes. Ese incremento les corresponde en exclusiva. Hoy se aplica sobre tipos como el 25 % de los ingresos netos de las apuestas de contrapartida y de los “otros juegos”. El programa no explica cómo encajaría esa facultad autonómica en un modelo de 10 % sobre la cantidad bruta apostada.
La gran incógnita, sin embargo, es otra. El programa habla de la “reestructuración tributaria del sector del juego”, sin distinguir entre online y presencial. Y el juego presencial tiene su propio régimen fiscal. La Ley 22/2009, que regula la financiación de las comunidades autónomas, incluye en su artículo 25 los Tributos sobre el Juego entre los tributos cedidos. Su artículo 34 cede a cada comunidad el rendimiento producido en su territorio, como el de la tasa sobre los juegos de suerte, envite o azar y el de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. Además, el artículo 50 reconoce a las comunidades competencias normativas sobre las exenciones, la base imponible, los tipos de gravamen y cuotas fijas, las bonificaciones y el devengo de estos tributos. Si la reforma pretendiera alcanzar a salones, bingos o casinos físicos, entraría en un terreno en el que las comunidades tienen hoy capacidad para legislar. El texto del Frente Amplio no lo aclara.
A todo ello se suma el caso de País Vasco y Navarra. El propio artículo 48 de la Ley 13/2011 deja a salvo los regímenes forales de Concierto y Convenio Económico, de modo que cualquier reforma de este impuesto tendría que articularse también con ellos.
La ley ya prevé un foro para estas cuestiones: el Consejo de Políticas del Juego, el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades. Entre sus funciones figura el estudio de medidas para avanzar en la equiparación del régimen jurídico, “incluido el ámbito tributario”, del juego realizado a través de canales electrónicos.
La reforma fiscal no es la única medida del programa con lectura autonómica. En las páginas 34 y 35, el Frente Amplio propone fortalecer la red de Centros de Tratamiento de Adicciones “(alcohol, drogas y juego)” con un “protocolo de actuación común en cada sistema de salud autonómico” y una evaluación del número de personas usuarias en cada comunidad. La gestión sanitaria está transferida a las comunidades. Al Estado, según el artículo 149.1.16 de la Constitución, le corresponden las “bases y coordinación general de la sanidad”. Un protocolo común encaja en esa función coordinadora, y su aplicación dependería de cada sistema autonómico.
Las otras dos medidas del programa sobre el sector, la regulación de los mercados de predicción y el bloqueo de plataformas sin licencia y la prohibición de las cajas de recompensa en videojuegos al alcance de menores, se mueven en el ámbito estatal. Las primeras son actividades online de alcance nacional, y la segunda ya la tramita el Ministerio de Consumo como norma estatal de protección de menores en entornos digitales.
En resumen, el programa no invade de forma expresa ninguna competencia autonómica, pero deja dos cabos sueltos que interesan, y mucho, a las comunidades: cuánto recaudarían con el nuevo modelo del juego online y si el 10 % llegaría también al presencial.