Cordish ha confirmado que mantiene los compromisos económicos con los cerca de 60 propietarios con los que firmó opciones de compra para las 17 parcelas que suman las 134 hectáreas de suelo ensamblado para ubicar el macrocomplejo hotelero y de ocio que pretendía levantar en Torres de la Alameda, a pesar de la negativa de la Comunidad de Madrid a tramitar la iniciativa privada mediante un Centro Integral de Desarrollo (CID). Recordemos que Cordish accedió al pago de los terrenos en Torres de la Alameda por un 60% por encima de su precio, es decir, por 21,5 millones. Fue en el mes de septiembre, según se publicó en toda la prensa nacional.
El Gobierno regional también ha adelantado su pretensión de modificar la normativa de los CID para que los proyectos con casinos solo se puedan plantear sobre suelo público, lo que ha comprometido el proyecto de Cordish.
Según informa Europa Press, la empresa, por su parte, ha preferido no concretar nada sobre el futuro de los suelos, dado que prefieren ir "paso a paso" y entre tanto ese asunto "no es prioritario", han señalado a Europa Press fuentes de la compañía.
En su estudio de viabilidad, Cordish indicaba que el suelo se logró "ensamblar y asegurar" tras negociar y firmar las opciones de compra en las que se indicaba "expresamente" que el objetivo de los contratos "son por y para un grupo norteamericano que pretende desarrollar un CID".
Las dimensiones de las parcelas oscilan entre los 234.156 metros cuadrados de la más grande y los 4.703 de la más pequeña. Para ensamblar dichas parcelas, Cordish contó con un "experto gestor del suelo" que fue contratado a tal efecto. Se trata del arquitecto Luis Arnaiz Rebollo, administrador único de Arnaiz & Partners, quien asumió la operación urbanística con fondos aportados por el grupo americano.
El grupo estadounidense también ha recordado este lunes que el pasado mayo tuvo que iniciar un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque la Comunidad rechazó facilitar el expediente completo del proyecto a la empresa. Según Cordish, el TSJM pidió a la administración que entregara la documentación en un plazo improrrogable de 20 días, mientras que desde la Comunidad de Madrid aseguran que la empresa norteamericana podía acceder al expediente simplemente con acercarse a la Consejería de Economía.
Las mismas fuentes del Gobierno madrileño han recordado que en el caso del primer proyecto existía una cláusula de confidencialidad que no permitía el envío de documentación y que bastaba con que los responsables de la empresa americana se acercaran a la Consejería para acceder a los informes.
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